Marcando Territorio - Justicia Viva

TERRITORIOS INDIGENAS: una utopia inconclusa - el estado de la cuestion43con los territorios que demandan y algunos pueblos estarían buscando alternativasque reflejen mejor su realidad actual como sujetos de derecho territorial 7 .En cualquier caso, con los reconocimientos constitucionales se abrió una nuevaetapa de reivindicaciones constitucionales en toda la región y que luego sereplicarían en Ecuador (1998). En el Perú también fueron consideradas por lasorganizaciones indígenas en sus demandas de planteamiento de reformas constitucionales,aunque estas no se han producido hasta la fecha. 8Los terceros serán los primeros 9Es Bolivia el país en el cual se ha llevado a cabo el más actualizado y candenteproceso de legalización de tierras indígenas amazónicas. El proceso se caracterizóen su momento por dos notas contradictorias: a) ser el país que cuenta conmejores declaraciones legales relativas a la legalización de tierras indígenas,amén del mayor financiamiento y mayor proximidad entre indígenas y Gobierno10 ; y b) ser el país que, según los actores, y hasta fechas muy recientes, ha tenidomayores dificultades y peores perspectivas para la consolidación de tierrasindígenas.En efecto, la sensación generalizada entre todos los sectores es de frustracióncon respecto al proceso emprendido a partir de la denominada Ley INRA, principalmenteen el Oriente. Hay que tomar en cuenta que los momentos relevantesen los que se producen los procesos de distribución del espacio territorial en lastierras bajas son: a) el de la Reforma Agraria (1956-1992); proceso que tuvo unescandaloso intervalo, de 1980 a 1984, en que se distribuyeron “entre amigos” ypor procedimientos frecuentemente ilegales, fraudulentos o corruptos, alrededorde una tercera parte de las tierras orientales, escándalo que provocó la intervenciónal Servicio Nacional de Reforma Agraria; y b) el proceso que se origina apartir de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, periodo en el que sehan demandado hasta 30.800.452 hectáreas, según cifras del INRA, como TierrasComunitarias de Origen (TCO). Los beneficiarios principales de ambos procesosson entonces actores en disputa.El ordenamiento jurídico boliviano anterior a la Marcha calificaba a los indígenasamazónicos como “grupos selvícolas en estado salvaje y organización primitiva”(art. 129º, Ley de Reforma Agraria), “grupos étnicos marginales” (art. 91º,Ley de Colonización) y, ya menos agresivo -a las puertas de la gran “Marcha porel Territorio y la Dignidad”, emprendida del Beni hasta La Paz por las organizacionesindígenas de tierras bajas-, como “grupos étnicos originarios” (RS.205.862).La respuesta del Gobierno a esa primera marcha fue el Decreto Supremo22.611, por el que declaraba el Parque Isoboro-Secure como territorio indígena deMojeños, Chimanes y Yuracares, se reconocían los derechos indígenas sobre la