Marcando Territorio - Justicia Viva

DONDE ESTAMOS 323nitidez una nueva asignación de identidad para calificar a los indígenas como pobres.Se trata de una identidad que no es inocente porque impulsa el victimismo, elclientelismo político y la dependencia. Las recetas contra la pobreza indígena consistenen proyectos económicos referidos al mercado. Pero en muchas ocasiones lapobreza indígena se ha generado en ese tipo de iniciativas, y existe una alta correlaciónentre pobreza indígena y proximidad a los mercados y vías comerciales.Vincular o condicionar el financiamiento de la legalización de tierras a la presentaciónde propuestas de desarrollo (la propuesta del Banco Mundial) conduce a establecerpreferencias hacia el campesinado, los ganaderos, los modernos complejosagroindustriales de la soya o la palma aceitera u otros actores que supuestamenteofrecen más al desarrollo, al practicar economías monetarias y no aquéllas basadasen bienes de uso, muchas veces con mejores condiciones para proveer niveles decalidad de vida dignos. Discursos como el de los agresivos hacendados benianos,en Bolivia, están imponiendo la visión de que si los indígenas titulan espacios hoyconsagrados a la ganadería, la región se empobrecerá y los propios indígenas sufriránde desempleo. La denominada “seguridad alimentaria”, un objetivo queconstitucionalmente tiene prioridad, fortalece la posición de los ganaderos del Orinocovenezolano, impide la titulación de tierras indígenas de los Warao y los condenaal hambre y la mendicidad.Muchos proyectos de apoyo a la titulación de tierras tienen como objetivo consolidarla propiedad para poder dinamizar los mercados de tierras. A veces, losprogramas de legalización de tierras indígenas se inscriben dentro de este tipo deiniciativas que dan prioridad a la regularización masiva de la propiedad no indígenapara después considerar la distribución de las tierras fiscales sobrantes.En casi todos los países las recetas de ajuste económico han sido muy perjudicialespara la integridad de los territorios indígenas, no sólo por haber impulsadoinvasiones masivas sino por haber promovido la parcelación de los territorios o sulibre venta o, por último, por haber financiado masivas regularizaciones de ocupacionesilícitas en tierras arrebatadas a pueblos indígenas, con sus programas catastraleso de titulación. A veces se ha utilizado como pretexto la titulación de tierrasindígenas y se han aportado fondos con ese fin que, en la práctica, han ayudado aregularizar el despojo de tierras indígenas. En Perú, el PETT dice haber terminadode regularizar en la Amazonía algunos cientos de miles de propiedades de colonos.En Bolivia el saneamiento de tierras indígenas pasa por la previa regularizaciónde la propiedad privada.En países como el Perú se han dado pasos más preocupantes para cumplir conrecetas explícitas del Fondo Monetario, promoviendo cambios legislativos que dejansin efecto décadas de esfuerzos indígenas: la legislación del infausto Fujimoricanceló las limitaciones legales contra la enajenación o el embargo de las tierrasindígenas, ha impulsado la parcelación individual y ha conminado a las comunidadesa modificar su estructura orgánica para reconvertirse en empresas. El fracasoabsoluto de esta propuesta legal en el caso de las comunidades andinas y ama-