Marcando Territorio - Justicia Viva

TERRITORIOS INDIGENAS: una utopia inconclusa - el estado de la cuestion77lidad y falta de verdadera voluntad política de parte del Estado hace que las invasionesde tierras indígenas y los continuos desplazamientos por causa de laviolencia consoliden la exclusión indígena de sus derechos territoriales. No existecapacidad para hacer frente a los actos delictivos de usurpación, y las fuerzaslocales son las que dirimen el conflicto a su gusto. De otro lado, no están funcionandolos múltiples mecanismos de concertación establecidos para asegurar elcumplimiento de las reformas y las decisiones escapan cada vez más de los controlesindígenas.Las obligatorias licencias ambientales han sido incumplidas, a veces tan flagrantementecomo en el caso de los U’wa, lo que ha constituido la chispa paramovilizar de nuevo las energías indígenas.La nueva ley 1.397 de 1996 surgió como fruto de la presión organizativa paradar solución a éstos y otros problemas, pero con escasos resultados.Por su parte la Comisión de verificación de OEA señala que “un problema adicionales el de la existencia de colonos y fincas no indígenas que se han asentado en tierrasindígenas o reivindicadas por ellos, en base a ocupaciones de hecho, o vía títulos fraguadosu obtenidos de manera controvertida. Este tipo de conflictos de tierras se liga muchas vecesa la acción de grupos paramilitares que buscan por su parte la apropiación de tierrasubicadas en resguardos o en proceso de reivindicación. La penetración de terratenientes ocampesinos externos a tierras indígenas se agrava por la fumigación a los cultivos de coca,que lleva a los cultivadores a dejar sus tierras y a penetrar esas tierras indígenas”. Enotros puntos de su informe da cuenta de la versión de la ONIC sobre asesinatosfrecuentes de dirigentes indígenas atribuidos a paramilitares “que buscan impedirla restitución del resguardo a sus propietarios indígenas”. La CIDH ha adoptado unaserie de medidas provisionales preventivas y un plan de monitoreo que obliga alGobierno colombiano a la protección de los derechos de las personas y colectivosindígenas a la vida y a la libertad.En cuanto a los recursos naturales, el principio constitucional fundamentalestá incluido en el art. 330°, que indica que su explotación en territorios indígenasse hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidadesindígenas y que, en cualquier decisión al respecto, se propiciará la participaciónde éstas. Un principio tan inocuo ha alcanzado un relevante rol para laprotección de los territorios indígenas sobre la base de dos sentencias de la CorteConstitucional (fuente de derecho de acuerdo con la Constitución) referidas atutelas interpuestas por comunidades indígenas:a) La primera (T-428 de Junio del 92) es el caso del trabajo de lobby de Cristianía,referida a una carretera ya en construcción por parte del Ministerio deObras Públicas en territorio Ember, donde se señala:• que es posible presentar tutela incluso cuando el acto ya haya sido consumado47 , al mantenerse la potencialidad amenazante para la integridadcultural, social y económica de los indígenas.