Marcando Territorio - Justicia Viva

DONDE ESTAMOS 317mitan reorganizar la estructura de sus territorios legalizados de acuerdo a supropia racionalidad.En segundo lugar, los procedimientos de legalización de tierras son, por lo general,innecesariamente complejos, largos, costosos y muy expuestos a artimañasadministrativas y legales. Esa complejidad resulta discriminatoria si analizamos,comparativamente, las facilidades otorgadas a otros actores económicos para elacceso a las tierras. La frecuente aplicación de criterios del código civil para evaluaro probar los derechos preexistentes no resulta imparcial y favorece generalmentea los terceros. Los funcionarios de Gobierno no cuentan con criterios culturalmenteadecuados para evaluar las diferentes formas de ocupación y uso de losespacios. En ese sentido, las normas especializadas han resultado más favorables aesos propósitos.Complementariamente a lo anterior, la remisión de la problemática de las tierrasindígenas al fuero común es también, de momento, un problema que debecontemplarse. El poder judicial evalúa desde un punto de vista absolutamenteprejuiciado hacia el derecho común y los juzgados son todavía poco accesibles alas organizaciones indígenas, por muy diversas razones.En tercer lugar, sigue siendo muy importante caracterizar los territorios indígenascon notas jurídicas apropiadas que permitan su manejo y, sobre todo, su protección.Son clásicas las notas de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidadque sacaban los territorios indígenas del comercio. En algunos países ya sehan comenzado a revisar esas restricciones al libre mercado de tierras indígenas. Elex presidente Fujimori, en el Perú, cambió la propia Constitución para adecuar lastierras indígenas a las recomendaciones explícitas del FMI.Pero también son importantes otras notas que refuercen la exclusividad respectoa la determinación referente a las diversas formas de aprovechamiento de losrecursos. En este último aspecto, una nota que debe caracterizar el ejercicio delderecho territorial es la autonomía con todas sus manifestaciones prácticas (muyespecialmente, derechos de regulación, jurisdicción, exclusión, inclusión, contratacióny consulta previa).Los procedimientos para reversión y recuperación de tierras no están debidamentecontemplados en casi ninguno de los ordenamientos jurídicos nacionales,aunque sí en la nueva legislación boliviana. En muchos casos son absolutamentenecesarios para rehacer territorios cuya integridad ha sido quebrada en los últimosaños por actos ilegales o violentos, avalados por el sistema jurídico.En Perú, la recuperación de la integridad territorial pasa por la definitiva anulaciónde la discriminación legal entre los suelos de aptitud forestal y agropecuaria,esto es, las limitaciones a la propiedad basadas en la capacidad de uso mayorde los suelos. En Bolivia son muchos los operativos reglamentarios que debieraneliminarse para agilizar los procesos: el estudio de necesidades espaciales (al menosen la manera y con el propósito que hoy se hace) es uno de los más inconvenientes.En Ecuador, como se dijo, falta que la nueva Constitución se termine refle-