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Ley de educación nacional… | Lucía Petrelli 665
en cuanto tal, depende de él –y no de las relaciones sociales, de las relaciones de
poder y dominación– su modo de producción de la existencia” (Frigotto 1993:
149).
“En el documento base para el debate, la ‘capacidad igualadora’ de la educación aparece
como una cuestión central e incuestionable. En efecto, sin acceso a la educación,
se subraya, no hay posibilidad de insertarse laboralmente en el mercado de
trabajo, por ello quienes no acceden a educación se ven marginados de la sociedad.
De esto se desprende que quienes no reciben educación tienen limitadas las posibilidades
de un pleno ejercicio de sus derechos y de participación (Petrelli y Gessaghi
2006:5 y 6). [Como señalan Neufeld y Thisted] si seguimos este razonamiento, llegaremos
a afirmar que no son las relaciones de producción y la asignación desigual
de tareas, con retribuciones desiguales, y la realidad de las clases sociales en las
sociedades capitalistas, lo que dificulta o imposibilita el acceso a la educación, sino
la distribución ‘inequitativa del conocimiento’ lo que está en la base de la concentración
de la riqueza, la fragmentación social y el incremento de la pobreza” (Neufeld
y Thisted 2004:88).
Este último punto puede profundizarse atendiendo a la particularidad con la
que se despliegan en el documento aspectos como el rol del Estado y su relación
con la problemática de la desigualdad social. Pensamos que esta cuestión
imprime su sello sobre el vínculo educación/trabajo que venimos analizando. El
escrito destaca que deben generarse “condiciones educativas que permitan
igualdad de posibilidades de acceso a los aprendizajes que el sistema educativo
debe transmitir” así como deben generarse condiciones de permanencia y
egreso de los distintos niveles que componen el sistema (Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología 2006:17‐18). De este modo, el Estado plantea en el
escrito ministerial, que asume “la responsabilidad principal e indelegable de
fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa tendiente a asegurar, a
todos los habitantes del país, el ejercicio efectivo de su derecho a aprender,
mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades (…)” (Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología 2006:19). Sin embargo,
“respecto de revertir las desigualdades sociales y educativas el documento se posiciona
de manera contradictoria: si por un lado sostiene que dado que nuestro país
atravesó uno de los procesos más regresivos en la distribución del ingreso de su historia
‘es necesario un papel activo del Estado para producir importantes transformaciones
en esta temática. Un Estado limitado a políticas sociales focalizadas,
asistenciales y parciales no está en condiciones de producir un cambio de tal magnitud’;
por otro lado se sostiene que la distribución de recursos tanto financieros como
humanos no puede ser igualitaria ya que es necesario discriminar positivamente a
aquellos que tienen menos. Las políticas elaboradas en esta dirección deben sin
embargo, evitar el riesgo de transformarse en políticas permanentes, que consoliden
las situaciones que se pretende solucionar” (Petrelli‐Gessaghi 2006: 7).