NARRATIVAS MARGINALES Y GUERRA SUCIA EN MÉXICO (1968 ...

escuchado a uno de los oradores, a la escuela politécnica o universitaria: que
iba más allá de esa cincuentena de trabajadores que Galdino, Efrén y Arturo
soñaban reunir alguna vez. (Muertes de Aurora, 50)
Como se señaló en el primer capítulo, una vez que la autonomía de la
universidad fue violada con el bazookazo dirigido a la Escuela Nacional
Preparatoria en San Idelfonso el 29 de julio, y el apoyo a los estudiantes de Javier
Barros Sierra, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el
movimiento estudiantil aprovechó la coyuntura para transformar una agenda de
autonomía universitaria en una agenda política que repudiaba el uso de la fuerza
pública y demandaba democracia a todos los niveles. Dicha democracia no sería
posible sin atacar la raíz que, por medio de un “estado de excepción” implícito,
cubría todas las acciones de la violencia ejercida por el gobierno. De tal modo que el
4 de agosto el movimiento publicó los seis puntos del Pliego Petitorio, cuyo blanco de
ataque era la violencia de estado 107 .
Mientras tanto, el grupo petrolero se adhirió a la marcha del 13 de agosto que
partió del Casco de Santo Tomás al Zócalo y reunió ciento cincuenta mil
manifestantes; a la marcha del 27 de agosto que partió del Museo Nacional de
Antropología al Zócalo —en donde se reunieron aproximadamente trescientos mil
manifestantes que exigieron al gobierno el diálogo público— y a la marcha del 13 de
septiembre, “La marcha del silencio” o “La silenciosa”, que también partió del
107 Como se mencionó en la nota 21 Los seis puntos el Pliego Petitorio fueron: 1) Libertad a
los presos políticos (estudiantes, profesores y obreros); 2) derogación de los artículos 145 y 145 bis del
Código Penal Federal (que instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico
para reprimir cualquier movimiento social); 3) desaparición del Cuerpo de Granaderos (que fungió
como aparato represor); 4) destitución de los jefes policíacos; 5) indemnización a los familiares de
todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; y 6) deslindar las responsabilidades de los
funcionarios que ordenaron la utilización de la fuerza pública.
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