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MIRIAM NAVEIRA MERLY
habían reflejado que entendían la gravedad del problema. El Tribunal en
pleno expresó que no debía ser miembro de la Policía quien padece de
estos accesos de regresión a lo primitivo. Mi alegría ante lo que parecía
una compresión de la magnitud del problema de la violencia doméstica por
parte de la policía duró poco. Unos meses después de haberse certificado
la Opinión Per Curiam, una persona a quien también le preocupan estos
problemas sociales, trajo a mi atención una comunicación del entonces
Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, al ex policía San Vicente
Frau, mediante la cual aprobaba el reingreso del ex policía San Vicente
Frau a la uniformada.
Los asuntos que se plantean ante el Tribunal parece que llegan por
ráfagas. Los abogados de pronto descubren la virtud de alguna ley, aunque
ésta no sea una de reciente creación y comienzan a presentar casos relacionados
con la misma. Según éstos maduran y van llegando al Tribunal
Supremo, la ley se va interpretando y comienza a cobrar vida. Para mí el
haber sido parte de este desarrollo ha sido uno de los aspectos más fascinantes
de mi estadía en el Tribunal Supremo. Un claro ejemplo de esto
surgió en el área obrero patronal con la Ley Núm. 2 de octubre de 1961.
Esta ley establece un procedimiento sumamente sumario para tramitar
las reclamaciones obrero patronales. Según comenzaron a presentarse los
casos resultó obvio que ni los obreros ni los patronos estaban plenamente
conscientes de los impactos que esta ley podía tener sobre sus reclamaciones.
La Ley Núm. 2, aunque le ofrece al patrono las oportunidades
básicas del debido proceso de ley para defenderse, le da una decidida
ventaja procesal a los obreros. Este procedimiento es aplicable a todas las
reclamaciones laborales. Desde las sencillas de despido injustificado bajo
la Ley 80, hasta las complicadas de discrimen y hostigamiento. La ley sólo
permite un descubrimiento de prueba limitado y los términos que concede
son sumamente cortos. A mi entender, algunas de las reclamaciones, por
su complicada naturaleza, no podían tramitarse bajo este procedimiento
sumario. En Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996),
tomando en consideración la intención legislativa y estas realidades, hicimos
un balance entre los derechos del obrero y los del patrono y le reconocimos
al foro de instancia discreción para que en cada caso determinara si
era más prudente que algunas de las reclamaciones ante su consideración
se ventilasen por la vía ordinaria.
Mis dieciocho años en el Tribunal Supremo han sido y continúan
siendo para mí motivo de gran orgullo y satisfacción. Siento que he contribuido
y que puedo continuar contribuyendo a desarrollar áreas importantes
del Derecho. Aún no he completado todas las metas que me tracé al asumir
el cargo de Jueza Asociada. No quisiera terminar sin antes dejarlos con
esta promesa, con este compromiso. En una sociedad tan convulsionada
y violenta, tan dada a la confrontación como la nuestra, nosotros como
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