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JAIME FONALLEDAS
pero las competencias de los gobiernos municipales han quedado deficientes
en muchos renglones, y peor aún, no se ha reducido el marco de
acción del gobierno central. Sin tener presente ese objetivo, —la reducción
del gobierno central como clara meta de política pública— la autonomía
de los municipios mal administrada o enfocada, también podría resultar
en transferir el gigantismo del gobierno central al municipal. ¿Resultado
¡Un desgobierno multiplicado por 78! Con este escenario escalofriante, no
hay “think tank” que pueda ayudarnos.
El concepto de privatización, sin embargo, no es comprendido en
Puerto Rico. Lamentablemente, ha sido otra víctima de la polarización
político-partidista.
Pero para nosotros los empresarios una sana política de privatización
resulta beneficiosa porque a la corta o a la larga tendrá que traducirse en
una reducción de las cargas contributivas estatales y municipales. Esto
directamente impacta nuestra capacidad de competir en Puerto Rico y el
resto del mundo con costos menores.
Para entender la privatización, es menester poner en su justa perspectiva
el alcance de las funciones básicas gubernamentales. Son tres:
Hacer cumplir las leyes para garantizar el orden público. Facilitar un clima
favorable para que los ciudadanos puedan crear riqueza. Y, dar a los ciudadanos
acceso a los servicios públicos esenciales tales como seguridad,
salud y educación. Sin embargo, los gobiernos no tienen que ser obligatoriamente
los proveedores directos de los servicios. El gobierno siempre
se reserva la responsabilidad y supervisión ante el ciudadano velando
que los servicios se ofrezcan eficientemente. El gobierno puede delegar
las funciones operacionales a través de entidades privadas utilizando las
distintas formas de privatización como lo son la contratación de servicios;
y la oportunidad para que los ciudadanos puedan adquirir los activos de
la compañía privatizada.
Cada una de esas formas de privatización tiene sus ventajas y desventajas.
El éxito de la privatización dependerá en gran medida de que se
emplee la forma apropiada para cada caso y se establezcan las salvaguardas
necesarias para proteger el interés público, y obviamente que se sepa
comunicar las ventajas de cada caso a la ciudadanía en general.
Cuando se hace apropiadamente, con el debido cuidado y con amplia
comunicación, la privatización le proporciona al gobierno las ventajas del
sistema de libre empresa: mayor eficiencia, mayor calidad y menor costo.
El Presidente Reagan dijo una vez que “es anticuado y hasta reaccionario
recordarle a la gente que la libre empresa ha hecho más para reducir
la pobreza que todos los programas gubernamentales”. Pero aún a riesgo
de ser tildado de anticuado o reaccionario, debo decir que la experiencia
ha demostrado claramente la superioridad administrativa y ejecutoria del
sector privado por sobre la del estado.
• HOMINES • Vol. XX, Núm. x - xxxxx de 2005 261