Estado y Educación. Luis B. Prieto F..pdf - concursoscultca

La Constitución de Honduras de 1965, vigente, en su art. 147, establece:
“La educación es función especial del Estado (la Constitución de 1957
decía “función esencial”) para la conservación, el fomento y la difusión de la
cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación
de ninguna naturaleza”.
La Constitución de Bolivia de 1938 establecía: “art. 263. La riqueza
artística, arqueológica e histórica y la procedente del culto religioso, es
tesoro cultural de la Nación (igual que la Constitución española citada),
está bajo el amparo del Estado y no puede ser exportado. El Estado protegerá
los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico y artístico”.
Además, en el art. 154 se decía: “La educación es la más alta función
del Estado”.
En términos de igual sentido, aunque de forma diferente, contienen
disposiciones sobre la materia las constituciones de Costa Rica, Cuba
(Constituciones de 1940 y la promulgada en febrero de 1975), El Salvador,
Guatemala y Venezuela.
Ese amparo a la cultura como deber del Estado, de que habla la
Constitución brasilera, se expresa en forma contundente para señalar que el
Estado no solamente protege la cultura sino que ésta forma una parte esencial
de su existencia y manera de ser.
EL DERECHO DEL PUEBLO A LA EDUCACIÓN
El concepto del derecho a la educación es nuevo en las Constituciones del
mundo, pues si bien es cierto, como ya lo anoté que muchas de las
Constituciones surgidas de nuestra emancipación, contenían como principio
la obligación del cuerpo social de suministrar la educación a los ciudadanos,
no se daba como contrapartida el derecho subjetivo y la capacidad
tro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá su perfecta
conservación”.
“El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido
valor artístico e histórico”. (Ver Nicolás Pérez Serrano. “La Constitución Española”, 9 de
diciembre de 1931). Antecedentes, texto y comentarios. Editorial Revista de Derecho
Privado. Madrid.
LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA 127