Estado y Educación. Luis B. Prieto F..pdf - concursoscultca

des de un país y en su destino, el más ingente papel, ya que en ello le va su
seguridad y hasta su propia vida”.
A pesar de las afirmaciones tan rotundas que contiene la aludida sentencia,
el empleo de algunas expresiones tendientes a desvirtuar conceptos
de los impugnadores de la ley, podrían conducir a una apreciación falsa de
los alcances, del sentido y naturaleza de la función docente del Estado. En
efecto, en la dicha pieza jurídica se dice: “La intervención es concepto distinto
de la noción del monopolio. Una cosa es arrogarse el derecho exclusivo
sobre la enseñanza y otra es intervenir en ella para regularla, estableciendo
los requisitos indispensables iguales para todos, sin distinción de
personas ni grupos, pues el mismo Estado queda sometido a ellos. De ahí
que mientras el Estado o algún particular, cualquiera que sea la clase a que
pertenezca, no se arrogue el derecho exclusivo de enseñanza, es ocioso
hablar de violación de la garantía constitucional”.
La aseveración precedente expresa una concepción deformada de los
derechos de la colectividad en cuyo nombre y salvaguardia actúa el Estado
en educación. Este no interviene como el árbitro en un partido de foot-ball,
para hacer respetar la norma pero sin participar en el juego, sino que su
participación es activa. El Estado no se arroga derechos exclusivos en la
educación. Por el contrario los ejerce en nombre de su titular que es la
colectividad, con la cual se identifica y en veces se confunde. Algunos de los
requisitos que el Estado establece para el ejercicio de la función docente que
le compete, tienen el carácter de normas técnicas, y es como tales que obligan
tanto a éste como a los particulares en educación sin que ello quiera
decir que los derechos de estos en educación sean iguales a los del Estado,
porque, como hemos dicho antes, aquellos actúan por delegación y como
colaboradores en una función pública, colaboración que el Estado acepta y
solicita para cuyo ejercicio estableció la libertad de enseñanza, que no puede
tener sentido diferente de aquél que le confiere su propia finalidad y que,
como ya vimos, no puede significar renuncia por parte del Estado a la facultad
inmanente de que está investido para regular y administrar la educación,
con arreglo a los supremos intereses del país. Si en realidad monopolio
e intervención son conceptos diferentes, el concepto de aquél, que
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