Estado y Educación. Luis B. Prieto F..pdf - concursoscultca

“todo niño tiene derecho a ser educado por maestros capacitados, de sólida
preparación general y profesional, de espíritu recto y bondadoso, que
tomen el ejercicio de su profesión como la más alta de las funciones sociales
y no como un simple medio para ganarse la vida”. Si el maestro o el supuesto
educador que quisiera hacer uso de su derecho de enseñar no llenara las
condiciones señaladas por la tabla de los derechos del niño, lesionaría el
derecho de éste; de allí que no puede permitirse que cualquiera enseñe sin
cumplir requisitos que a otro profesional cualquiera se exigiría, aun cuando
los resultados de la impericia se traducirían, cuando más, en pérdidas materiales,
siempre subsanables, mientras que los perjuicios causados por una
educación desorientada no pueden repararse y se convierten en un perjuicio
colectivo. La Constitución de 1947 y la vigente de 1961 establecen esa
necesidad de formación y preparación que deben tener los maestros para el
ejercicio de su profesión y para disfrutar del derecho a enseñar. La
Constitución vigente dice, artículo 18: “La educación estará a cargo de personas
de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, de
acuerdo con la ley”. Esta disposición constitucional suprime toda duda
sobre los requisitos para el ejercicio de la libertad de enseñanza.
LA EDUCACIÓN ES UNA FUNCIÓN EMINENTEMENTE PÚBLICA
Se llama acto privado aquél cuya repercusión se limita a los elementos comprometidos
en la transacción, tal como la venta de un bien cualquiera, cuyos
efectos atañen al comprador y al vendedor. Se denomina acto público aquél
cuyos resultados alcanzan, además de las personas directamente afectadas, a
mayor número de personas dentro de la colectividad: se extiende a la totalidad,
que forma lo que corrientemente se llama el público. Sus repercusiones
no se refieren solamente al presente, sino que se trasladan al pasado y al
futuro. Pueden cambiar o transformar una relación preexistente. Por eso
están interesadas las colectividades en intervenir en la regulación de tales
actos, porque sus efectos podrían llegar a ser irreparables y hasta dañosos.
No siempre es posible hacer una delimitación tajante entre los actos
privados y los actos públicos, porque a menudo se encuentran entrelazadas
LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA 47