Estado y Educación. Luis B. Prieto F..pdf - concursoscultca

ya que el maestro realiza una función pública y no un trabajo particular en
beneficio de una persona o de una clase, sino para servicio de la Nación. La
Constitución haitiana en su art. 180 se limita a decir que “Para ser profesor
es necesario justificar su capacidad de la manera que indique la ley”, pero
señala que:“la enseñanza de la historia y de la geografía de Haití, de la moral
cívica y de la Constitución que rija al pueblo deberá ser dada por profesores
haitianos en todos los establecimientos de la educación, ya sean públicos o
privados”. Esta norma fue establecida en la Ley Orgánica de Educación
Venezolana de 1924 gracias a una campaña del Magisterio encabezada por
el Licenciado Agustín Aveledo, por el Dr. Eloy G. González y por el Dr.
Calcaño Herrera, director del diario “El Heraldo”, para impedir que colegios
privados regentados por extranjeros pudiesen desviar la formación de la
conciencia nacional del venezolano.
Algunos usaban textos de historia que denigraban de nuestros
Libertadores. En Venezuela sigue siendo norma legal, y no constitucional.
La Sección IV del art. 3 de la constitución mexicana formula una prohibición
en los siguientes términos: “Las Corporaciones religiosas, los
Ministros de cualquier culto, las sociedades por acciones que, exclusiva o
predominantemente realicen actividades educativas, las Asociaciones o
Sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán
en forma alguna en planteles donde se imparta educación primaria,
secundaria o normal y la destinada a obreros y campesinos”. El art. 152
establece privilegio para los maestros en sueldo, jubilaciones, exenciones de
impuesto, estabilidad y escalafón, todo conforme a la ley. Nicaragua dedica
al problema de la formación y de los derechos del Magisterio dos extensos
artículos que incluyen disposiciones que generalmente figuran en las leyes y
reglamentos, pero que fueron llevados allí debido a la presión del
Magisterio organizado, que se mostraba interesado en que los derechos
profesionales en postergación permanente tuviesen la salvaguardia de la
Constitución, buscando así que sean cumplidos por el Gobierno. El art. 107
de la Constitución nicaragüense dice: “El Magisterio es carrera pública y el
que se ejerce para el Estado, da derecho a los siguientes beneficios: 1) a la
inamovilidad de los cargos; 2) al ascenso y promoción en su carrera; 3) a un
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