Estado y Educación. Luis B. Prieto F..pdf - concursoscultca

los ciudadanos, y muy especialmente por educadores y educandos. Pero
existen procedimientos educacionales que sólo tienen carácter de recomendaciones
y que, por consiguiente, pueden considerarse como facultativos:
tales los métodos y sistemas puestos en práctica para el aprendizaje. Por eso,
mientras en unas escuelas se sigue el procedimiento de las unidades de trabajo,
en otras pueden emplearse los complejos, o se enseña a leer por el
método global en una y en otra, por el método silábico, sin que por ello quede
afectado el propósito fundamental perseguido.
Algunos consideran que las normas declaradas obligatorias para educadores
y educandos son lesivas a la libertad de enseñanza de que hablamos
antes. Por eso dicen que el Estado no puede reglamentar en forma tan rígida
la educación que entrabe el ejercicio de esa libertad hasta hacerla nugatoria.
Pero la libertad de enseñanza no puede negar las finalidades perseguidas
por la colectividad cuando asigna al Estado, como entidad de derecho
público que controla una función pública, una actividad pública, como lo
es la educación; no puede permitir que las normas dictadas para dirigirla
queden violadas y que unos adquieran malos hábitos y otros buenas costumbres;
que unos ciudadanos sean formados de una manera y otros de
otra; (sin que esto niegue la individualización de la enseñanza, de acuerdo
con las aptitudes y las vocaciones) que unos estén orientados de acuerdo
con finalidades de progreso y de cultura del pueblo entero y otros estén
educados para contradecirla. Eso no puede permitirlo el Estado, ni lo permite
ningún Estado del mundo. Ortiz de Zúñiga, citado por José Antonio
Ubierna y Eusa16 , dice:“No puede dejarse fiada la educación al interés privado
ni a las posibilidades de la familia, porque aquél abusaría quizás de la
libertad absoluta que se le concediera en la dirección de la enseñanza, y la
escasez de medios sería un obstáculo a la propagación de las luces. Los
gobiernos tienen, por lo tanto, una obligación inexcusable de dirigir la instrucción
pública hacia los rectos fines trazados por la conveniencia y la
moral. La instrucción de la juventud tiene sobrada trascendencia sobre el
porvenir de los pueblos para que pueda disculparse cualquier abuso”.
16. Véase, José Antonio Ubierna y Eusa, La función docente del Estado, Hijos de Reus,
Editores, Madrid, 1917, pág. 25.
58 EL ESTADO Y LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA