Memoria electrónica IV Coloquio de Investigación ... - Get a Free Blog

Desde la perspectiva programática de la descentralización educativa, se intento impulsar un
proceso de concurrencia de los ámbitos Federal y Estatal en el desempeño de esta función
social, ampliando las posibilidades objetivas de este último para asumir su responsabilidad,
exclusivamente en aspectos operativos.
A través de la descentralización se pretendía dinamizar en forma creciente la participación
social en la educación, mediante la formación de Consejos Estatales, Consejos Municipales
y Consejos Escolares de Educación, cuya composición incorporara al magisterio, familia,
miembros de la comunidad y autoridades de cada entorno.
Actualmente, las entidades federativas cuentan con derechos y obligaciones que en materia
de operación del servicio de educación a nivel básico anteriormente correspondían a la
SEP. Los órganos dependientes de los gobiernos estatales, que se encargan de administrar
la educación pública, también se han transformado. Disponen de mayor capacidad
administrativa sobre los recursos asignados y, consecuentemente, de un mayor universo de
responsabilidades y acción.
La tendencia centralista se impulsa también desde el aspecto del financiamiento, porque la
estructura tributaria privilegia la captación de alcance nacional, arraigando el carácter
subsidiado de la educación a nivel Estado, lo cual implica que la programación de recursos,
tanto internos como externos, tiendan a realizase centralmente, además de las limitaciones
decisionales que representa.
Las características de la descentralización del sistema educativo nacional revelan que su
impulso se limita al terreno administrativo, como un instrumento para alcanzar mejores
niveles de impacto, cobertura y eficiencia. En este proceso, el Gobierno Federal se despoja
de sus obligaciones operativas y reafirma sus atribuciones normativas: transfiere las
primeras con el propósito de adquirir mayor capacidad de control, y fortalece su poder
político (central) reservándose las funciones de supervisión y evaluación, que le permitirán
continuar incorporando a la población a una institucionalidad que retroalimente la
legitimidad de los órganos de poder público.
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