Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

parte 2.2
Prevención
de la trata de
personas
Introducción
En el contexto de la trata de personas, la prevención
comprende las medidas positivas que tienen
por objeto impedir que ocurran futuros actos de
trata de personas. Las políticas y actividades integradas
en el concepto de «prevención» suelen
ser las que abordan las causas de la trata de
personas. Aunque aún no hay un acuerdo universal
sobre la compleja cuestión de las causas, los
factores causales que se citan con más frecuencia
son los que: i) aumentan la vulnerabilidad de
las víctimas y las potenciales víctimas; ii) los que
crean o mantienen la demanda de los bienes y
servicios que producen las personas objeto de
trata, y iii) los que crean o mantienen un entorno
en el que los tratantes y sus cómplices pueden
operar impunemente. Desde esta perspectiva,
puede considerarse que la prevención incluye una
amplia gama de medidas, que van desde ofrecer
a las mujeres oportunidades justas e iguales para
migrar, hasta fortalecer la respuesta de la justicia
penal para poner fin a la impunidad y desalentar
futuros delitos relacionados con la trata.
Los Principios y Directrices sobre la trata de personas
clasifican la prevención en tres grandes
apartados que, en general, se corresponden con
las categorías antes expuestas: reducir la demanda
de trata de personas (Principio 4 y directrices
conexas), tratamiento de los factores que
aumentan la vulnerabilidad a la trata (Principio
5 y directrices conexas), y definición y erradicación
de la participación del sector público, y la
corrupción correspondiente, en la trata de personas
(Principio 6 y directrices conexas). Cada uno
de esos objetivos de la prevención se examina
por separado a continuación. Los aspectos de
prevención de otras obligaciones y respuestas se
abordarán a medida que surjan a lo largo del
Comentario.
Los principios de la responsabilidad del Estado,
expuestos en relación con el Principio 2 y sus
directrices y examinados en más detalle a lo
largo de la presente sección, confirman que
los Estados tienen cierta responsabilidad en la
prevención de un acto internacionalmente ilícito
como la trata de personas y sus perjuicios asociados.
La norma que rige en esta obligación es
la de la diligencia debida: el Estado debe adoptar
«todas las medidas razonables o necesarias
para evitar que se produzca un acontecimiento
determinado» 167 . La decisión sobre lo que es
«razonable o apropiado» en el contexto de la
167
«[A]unque sin garantizar que el acontecimiento
no vaya a producirse»: Proyecto de artículos sobre la
responsabilidad del Estado, art. 14, comentario, párr. 14.
COMENTARIO
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