Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

ía contribuir a la aplicación de las reclamaciones
de indemnización, sean penales o civiles, contra
los tratantes. Este es particularmente el caso cuando
los Estados siguen las orientaciones internacionales
y regionales en materia de política a la hora
de velar por que los bienes decomisados se destinen
al apoyo y la indemnización de las víctimas 601 .
En conclusión, si un Estado está directa o indirectamente
implicado en la vulneración del derecho
de una persona, ese mismo Estado debe
hacer un auténtico esfuerzo por proporcionar a
la persona perjudicada algún tipo de reparación
o remedio. En el presente contexto ello podría
entrañar que el Estado garantice la posibilidad
de indemnización y asista activamente a una
víctima de la trata de personas a la hora de em-
601
Sobre esta cuestión, véase el examen que se realiza en
la parte 2.4, sección 16.3 supra.
prender acciones civiles contra un tratante por
perjuicios o lucro cesante. También podría significar
que el propio Estado debería proporcionar
indemnización, particularmente en aquellas
situaciones en las que no ha cumplido la norma
de diligencia debida para prevenir la trata, y en
la investigación y el enjuiciamiento de tratantes
o la protección de las víctimas.
Véase además:
• Responsabilidad del Estado y diligencia debida:
parte 2.1, secciones 2.1 a 2.4; parte
2.2, sección 6.3; parte 2.4, sección 13.2
• Apoyo a las víctimas: parte 2.3, secciones
8.1 a 8.6
• Participación de las víctimas en los procedimientos
legales: parte 2.3, sección 9.2
• Decomiso de bienes para indemnización de
las víctimas: parte 2.4, sección 16.3
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