Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

nocida y aplicada por otros órganos de derechos
humanos creados en virtud de tratados de las
Naciones Unidas 132 . En el contexto particular de
la trata de personas, tanto la Asamblea General
como la Comisión de Derechos Humanos/
Consejo de Derechos Humanos han reconocido,
con especificidad cada vez mayor, la aplicabilidad
de la norma de diligencia debida 133 .
A la hora de decidir si un Estado está cumpliendo
o no la norma de diligencia debida, en
última instancia de lo que se trata es de evaluar
si está cumpliendo sus obligaciones de prevenir,
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
en Şahide Goekce (fallecida) c. Austria, Comunicación
Nº 5/2005 (CEDAW/C/39/D/5/2005) y Fatma Yildirim
(fallecida) c. Austria, Comunicación Nº 6/2005 (CEDAW/
C/39/D/6/2005). En ambas decisiones, el Comité concluyó
que Austria había incumplido sus obligaciones en
materia de diligencia debida respecto de la prevención y la
investigación de la violencia doméstica.
132
Comité de Derechos Humanos, Observación general
N° 31: La índole de la obligación jurídica general impuesta
a los Estados Partes en el Pacto, párr. 8 («Puede haber circunstancias
en que la falta de garantía de los derechos del
Pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones
de esos derechos por los Estados Partes, como resultado
de que los Estados Partes permitan o no que se adopten las
medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia para
evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por
actos de personas o entidades privadas»); Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, L.K. c. Países Bajos
Comunicación Nº 4/1991 (CERD/C/42/D/4/1991, párr.
6.6) («Cuando se formulan amenazas de violencia racial,
y en particular cuando son formuladas en público y por un
grupo, corresponde al Estado investigar los hechos con la
debida diligencia y rapidez»).
133
Véase, por ejemplo, la resolución 61/180 de la
Asamblea General, preámbulo («los Estados Miembros
tienen la obligación de ejercer la diligencia debida para
prevenir la trata de personas, investigar ese delito y
asegurar que quienes lo cometan no queden impunes»);
resolución 63/156 de la Asamblea General, preámbulo,
y resolución 11/3 del Consejo de Derechos Humanos
sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
preámbulo («todos los Estados están obligados a actuar
con la debida diligencia para prevenir e investigar la trata
de personas y castigar a los responsables, rescatar a las
víctimas y proveer a su protección, y [...] el incumplimiento
de esa obligación [...] viola y menoscaba o anula el disfrute
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las víctimas»).
respetar, proteger y cumplir con seriedad. A este
respecto, es pertinente un texto propuesto por
la Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer en el contexto de un análisis de la violencia
doméstica:
[E]s necesario observar si el Estado asume sus
obligaciones con seriedad. […] Si las estadísticas
revelan que las leyes en vigor son ineficaces
para proteger a las mujeres contra la
violencia, los Estados deberán encontrar otros
mecanismos complementarios para evitar la
violencia en el hogar. Por ejemplo, si la educación,
el desmantelamiento de la violencia
institucional, la demistificación de la violencia
doméstica, la formación de los funcionarios
gubernamentales, la financiación de centros
de acogida y otros servicios directos para las
víctimas o sobrevivientes y la documentación
sistemática de todos los episodios de violencia
doméstica demuestran ser instrumentos
eficaces para evitarla y proteger los derechos
humanos de las mujeres, todos estos medios
se convierten en obligaciones que el Estado
debe cumplir con la debida diligencia 134 .
2.4. Resumen de los principios
fundamentales de la
responsabilidad del Estado en
los casos de trata de personas
Para determinar la responsabilidad de los Estados
en la trata de personas y los perjuicios conexos, sirva
de orientación el siguiente resumen de los principios
y normas jurídicos internacionales pertinentes:
134
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra
la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias,
Sra. Radhika Coomaraswamy (E/CN.4/1996/53, párrs.
37 y 141).
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