Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

• La verificación de la información contenida en
las declaraciones;
• La comprobación de historiales delictivos;
• La comprobación de suscriptores o servidores
de teléfono e Internet;
• La comprobación de archivos de pasaportes
y visados, y
• El suministro de registros públicos (por
ejemplo, datos sobre domicilio, registros de
terrenos, archivos de empresas de telecomunicaciones,
registros de matrículas de vehículos
y registros de empresas).
Los Principios y Directrices sobre la trata de personas
alientan la cooperación oficiosa en el proceso
de justicia penal, haciendo particular hincapié en
la cooperación entre las fuerzas encargadas de
hacer cumplir la ley. En la Directriz 11.6 se pide
a los Estados que consideren la posibilidad de
establecer mecanismos para facilitar el intercambio
de información acerca de los tratantes y su
modus operandi. En la Directriz 11.7 se pide que
se estudie la posibilidad de establecer procedimientos
y protocolos para la realización conjunta
de investigaciones proactivas por los agentes del
orden de los distintos Estados de que se trate. Las
Directrices sugieren que se prevea la transmisión
directa de solicitudes de asistencia entre las autoridades
locales competentes a fin de que se atienda
rápidamente esas solicitudes y de promover el establecimiento
de relaciones de cooperación a nivel
práctico (Directriz 11.7).
Tanto la Convención contra la Delincuencia
Organizada como el Protocolo sobre la trata de
personas reconocen el valor de la cooperación
entre los cuerpos de policía de distintos Estados. La
Convención enumera una lista de objetivos de esa
cooperación, entre los que figuran la identificación
temprana de los delitos y el intercambio de información
y datos (art. 27 1)). Alienta a los Estados
Partes a que concluyan acuerdos o mecanismos
bilaterales o multilaterales con miras a mejorar
la cooperación entre sus organismos encargados
de hacer cumplir la ley (art. 27 2)). El Protocolo
destaca la cooperación mediante el intercambio
de información con fines como la identificación de
víctimas y autores en el tránsito, la verificación de
documentos y el acopio proactivo de información
(art. 10 1)). El órgano establecido para ofrecer
recomendaciones sobre la aplicación efectiva del
Protocolo afirma que «[l]os Estados Partes deberían
[…] [u]tilizar las disposiciones de la Convención
contra la Delincuencia Organizada que faciliten el
aprovechamiento de equipos conjuntos de investigación
y técnicas de investigación especiales para
la investigación de los casos de trata de personas
a nivel internacional» 521 . La importancia de la
cooperación entre fuerzas del orden en la investigación
de los delitos relacionados con la trata de
personas ha sido reconocida ampliamente además
de en estos dos tratados 522 .
Tanto los Principios y Directrices sobre la trata
de personas como la Convención contra la
Delincuencia Organizada alientan las investigaciones
conjuntas en los casos de trata de personas 523 ,
una forma de asistencia entre organismos que
521
CTOC/COP/WG.4/2009/2, párr. 24.
522
Por ejemplo, la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, en el párrafo 130 c) pide a los Estados que
intensifiquen «la cooperación y las medidas concertadas
de todas las autoridades e instituciones pertinentes con
miras a desmantelar las redes nacionales, regionales e
internacionales de traficantes». La Asamblea General,
en su resolución 58/137, alentó a los Estados a aplicar
la Convención contra la Delincuencia Organizada y el
Protocolo sobre la trata de personas y a «fomentar la
cooperación en la lucha contra la trata de personas entre
las autoridades encargadas de la aplicación de la ley»
(párr. 4 b)). La OEA ha recomendado que los Estados
miembros establezcan mecanismos expeditos que, entre
otras cosas, permitan el intercambio de información
entre los países de origen, tránsito y destino, y que se
creen redes regionales e internacionales de cooperación
para que las autoridades competentes, en particular las
autoridades judiciales y policiales, combatan el delito de
la trata de personas (Recomendaciones de la OEA sobre
la trata de personas, secc. V 2)). Véase también Plan de
Acción de la OSCE, recomendaciones III 2.5) y 3.
523
Principios y Directrices sobre la trata de personas,
Directriz 11.8; Convención contra la Delincuencia
Organizada, art. 19.
COMENTARIO
223