Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
trata para la prostitución tiene responsabilidad
penal? ¿Debe el propietario de un negocio que
utiliza trabajadores víctimas de trata tener responsabilidad
penal? ¿Supone alguna diferencia
que el individuo haya tenido o debiera haber
tenido conocimiento de la trata?
Esta cuestión ya se ha abordado en el contexto
del examen de las estrategias encaminadas a
reducir la demanda (Principio 4 y directrices
correspondientes), por lo que sólo se resumirán
los aspectos pertinentes. Ni los Principios
y Directrices ni el Protocolo sobre la trata de
personas se pronuncian directamente sobre si
el uso de los servicios de víctimas de la trata
debe ser tipificado como delito. El Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos exige
a los Estados Partes que estudien la posibilidad
de conferir el carácter de infracción penal a la
utilización de los servicios de una persona con
conocimiento de que es víctima de la trata (art.
19) 440 . El Informe Explicativo del Convenio hace
hincapié en su estrecho margen de aplicación:
para ser castigado con arreglo a esta disposición,
el usuario debe tener conocimiento de que
la persona es víctima de la trata (párr. 234).
Sin duda, cada vez se reconoce de forma más
generalizada que los «usuarios» finales de los
servicios de las víctimas de trata son una parte
decisiva del problema y deben tener algún tipo
de responsabilidad. Si esta perspectiva se generalizase
más, tal vez fuera posible argumentar
que el hecho de no penalizar un eslabón indispensable
de la cadena de la trata equivale a no
440
Obsérvese que la Convención de la SAARC, concluida
varios años antes que el Convenio Europeo sobre la
trata de seres humanos, se refiere indirectamente a la
responsabilidad de los usuarios finales al exigir a los
Estados Partes que prevean el castigo de cualquier
persona que tenga, mantenga o dirija, o financie o
participe con conocimiento en la financiación de un lugar
utilizado para los fines de la trata de personas [para la
prostitución] y que con conocimiento alquile o preste un
edificio u otro lugar o parte de él para los fines de la trata
[para la prostitución] (art. III 2)).
cumplir plenamente la obligación más amplia de
la tipificación como delito.
12.3. El ejercicio de la jurisdicción
penal
Las normas relativas al ejercicio de la jurisdicción
penal, que forman parte del derecho
internacional consuetudinario, son un aspecto
importante de la obligación de tipificación como
delito. Esas normas definen las circunstancias en
las que un Estado debe ejercer su competencia
en materia de justicia penal en una situación
concreta. Son más complicadas en el caso de la
trata de personas que en muchos otros delitos,
pues aquélla a menudo entraña la comisión
de múltiples delitos en dos o más países. Los
Principios y Directrices sobre la trata de personas
no hacen referencia directa a las cuestiones
de la jurisdicción penal. No obstante, éste es
claramente un aspecto importante de su interés
más amplio por el fomento de la elaboración de
leyes, estructuras y procedimientos que contribuyan
a acabar con la impunidad de los tratantes
y asegurar la justicia para las víctimas.
Las normas jurídicas internacionales sobre la
competencia en las situaciones de trata de personas
se exponen en los principales tratados internacionales
y regionales. Su objetivo es reducir
o eliminar los paraísos jurisdiccionales para los
tratantes velando por que todos los elementos del
delito puedan ser castigados dondequiera que se
cometan 441 . Otro aspecto de interés es velar por
que existan mecanismos de coordinación para los
casos en los que más de un país tenga motivos
para afirmar su competencia 442 . Las principales
normas derivadas de los grandes instrumentos
sobre la trata de personas son las siguientes:
441
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1,
párr. 210.
442
Ibíd.
200 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas