Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 1
das por los gobiernos o en su nombre, y pida a
los Estados que «adopten medidas apropiadas y
eficaces para combatir los actos públicos o privados
de violencia por razones de sexo» (cursivas
añadidas). Este aspecto ha sido reafirmado por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer en numerosas ocasiones, inclusive
en su examen de comunicaciones presentadas
con arreglo al Protocolo Facultativo de la
Convención 44 .
La Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, adoptada por consenso en la
Asamblea General, se aplica a todas las formas
de violencia de género dentro de la familia y en la
comunidad general, así como la violencia «perpetrada
o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra». Los Estados deben «proceder con la debida
diligencia a fin de prevenir, investigar y [...] castigar
todo acto de violencia contra la mujer, ya se
trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares»
(cursivas añadidas). En su condición de
resolución de la Asamblea General, la Declaración
no tiene fuerza jurídica obligatoria automática y
no lleva consigo el importante peso interpretativo
de una recomendación general. No obstante, su
capacidad potencial para contribuir al desarrollo
de una norma consuetudinaria internacional sobre
la cuestión de la violencia contra la mujer, incluida
la cuestión de la responsabilidad del Estado por
actos de violencia perpetrados por particulares o
entidades privadas, no debe dejarse de lado 45 ,
particularmente teniendo en cuenta que se adoptó
por consenso.
44
Véase, por ejemplo, A.T. c. Hungría, Comunicación
Nº 2/2003 (CEDAW/C/32/D/2/2003, párr. 9.2);
y Fatma Yildirim (fallecida) c. Austria, Comunicación
Nº 6/2005 (CEDAW/C/39/D/6/2005, párr. 12.1).
45
Actividades militares y paramilitares en y contra
Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos) ICJ Reports 1986,
pág. 98 (se identifican las resoluciones de la Asamblea
General adoptadas por consenso como importantes fuentes
de opinio juris).
La Convención Interamericana sobre la Violencia
contra la Mujer es actualmente el único instrumento
jurídico internacional que se refiere específicamente
a la cuestión de la violencia contra la mujer.
Su propósito es prevenir, sancionar y erradicar
todas las formas de violencia contra la mujer, definida
como «cualquier acción o conducta, basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado» (art. 1)
(cursivas añadidas). La Convención reconoce específicamente
la trata (sin definir) como violencia
contra la mujer basada en la comunidad (frente a
la violencia doméstica o la violencia perpetrada o
tolerada por el Estado o sus agentes), con lo que
reconoce que el daño que produce la trata generalmente
se origina en el ámbito privado. En el
artículo 7 se exige a los Estados lo siguiente:
• Abstenerse de cualquier acción o práctica
de violencia contra la mujer y velar por que
las autoridades, sus funcionarios, personal y
agentes e instituciones se comporten de conformidad
con esta obligación;
• Actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra
la mujer;
• Incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como de otra
naturaleza, que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso, y
• Adoptar medidas jurídicas para conminar al
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida
de la mujer de cualquier forma que atente contra
su integridad o perjudique su propiedad.
La Convención prevé una serie de mecanismos
potencialmente eficaces de aplicación de la
ley, entre ellos la presentación de informes y un
procedimiento de denuncia al alcance tanto de
particulares como de grupos (arts. 10 y 12).
44 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas