Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.3
creados en virtud de tratados 410 y los tribunales
regionales de derechos humanos 411 han confirmado
que el regreso que pone a una persona en
riesgo de ser torturada o sometida a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes contraviene
el derecho internacional. La prohibición de la
devolución ha sido ampliada por los tribunales y
órganos de derechos humanos a ciertas situaciones
en las que el temor de persecución emana
de agentes no estatales y el Estado pertinente no
tiene capacidad para proporcionar protección
apropiada o efectiva 412 .
410
Comité de Derechos Humanos, Observación general
Nº 20 (1992) sobre la prohibición de la tortura y los
tratos o penas crueles, párr. 9. Véase también Comité de
Derechos Humanos, observaciones finales: Jamahiriya
Árabe Libia (CCPR/C/LBY/CO/4, párr. 18); Georgia
(CCPR/C/GEO/CO/3, párr. 7); Sudán (CCPR/C/SDN/
CO/3, párr. 24); Canadá (CCPR/C/CAN/CO/5, párr.
15); Ucrania (CCPR/C/UKR/CO/6, párr. 9); Tailandia
(CCPR/CO/84/THA, párr. 17); Uzbekistán (CCPR/
CO/83/UZB, párr. 12).
411
Véase, por ejemplo, Soering c. Reino Unido
(14038/88) [1989] TEDH 14 (7 de julio de 1989)
(extradición con riesgo de tortura y tratos o penas
inhumanos o degradantes); Cruz Varas y otros c. Suecia
(15576/89) [1991] TEDH 26 (20 de marzo de 1991)
(extiende esos principios a la deportación); Saadi c. Italia
(37201/06) [2008] TEDH 179 (28 de febrero de 2008)
(requisito de que el riesgo real de malos tratos no sea una
mera posibilidad; el riesgo de malos tratos no se sopese
con las razones de la expulsión; evaluación del riesgo en
función de hechos conocidos o que debían haber sido
conocidos en el momento de la expulsión). Véase también
D c. Reino Unido (30240/96) [1997] TEDH 25 (2 de
mayo de 1997), en el que el Tribunal concluyó que la
infracción fue por omisión potencial más que por acción
positiva ante el Estado receptor pues la persona, en caso
de ser devuelta, dejaría de poder recibir un tratamiento
médico que le mantenía en vida.
412
Véase, por ejemplo, Salah Seekh c. Países Bajos
(1948/04) [2007] TEDH 36 (11 de enero de 2007),
párr. 137; HLR c. Francia (24573/94) [1997] TEDH
23 (29 de abril de 1997), párr. 40. En HLR c. Francia,
el demandante recurría su deportación a Colombia por
temor a las amenazas supuestamente formuladas contra
él por traficantes de drogas en el país. El Tribunal afirmó
que cuando el peligro emana de personas que no son
funcionarios públicos, sigue habiendo una potencial
infracción del artículo 3 cuando el riesgo es real y las
autoridades del Estado no pueden ofrecer una protección
Derecho a permanecer durante los
procedimientos judiciales
El Principio 9 establece el derecho de las personas
víctimas de trata a permanecer en el país
mientras duren los procedimientos judiciales
contra los tratantes. Complementa el Principio la
Directriz 4.7, que pide a los Estados que consideren
la posibilidad de «[d]ar protección legal a las
víctimas de trata de personas que acepten voluntariamente
cooperar con los agentes del orden y
proteger su derecho a permanecer lícitamente en
el país de destino mientras duren las actuaciones
judiciales del caso». El derecho a permanecer
durante las actuaciones judiciales está confirmada
en los tratados. El Protocolo sobre la trata de
personas obliga a los países de destino a llevar
a cabo el regreso «teniendo debidamente en
cuenta […] el estado de cualquier procedimiento
legal relacionado» (art. 8 2)) 413 . El Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos obliga
a los Estados Partes que son países de destino a
realizar el retorno con la debida consideración
«del estado de los procedimientos judiciales vinculados»
(art. 16 2)).
Por consiguiente, los Estados deben tener cuidado
de velar por que el regreso de las personas
víctimas de trata no ponga en peligro el inicio
o la terminación satisfactoria de los posibles
procedimientos penales en los que participe la
apropiada. El Comité contra la Tortura también ha
concluido que en circunstancias excepcionales no debería
haber regreso cuando el temor a la tortura al regresar
se deba a las acciones de entidades no estatales. Véase
por ejemplo Sadiq Shek Elmi c. Australia, Comunicación
Nº 120/1998, párr. 6.5 (agentes no estatales que están
ejerciendo poderes gubernamentales de facto).
413
Como se ha señalado en la parte 2.3, secc. 9.2
supra, esta disposición debe entenderse a la luz de la
obligación más amplia de velar por que las víctimas
tengan la oportunidad de participar en los procedimientos
judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención
contra la Delincuencia Organizada (art. 25 3)), así como
la obligación específica contenida en el Protocolo de
proporcionar a las víctimas la oportunidad de exponer sus
opiniones (art. 6 2)).
188 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas