Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

La decisión de si un Estado ha asumido seriamente
su obligación de investigar y enjuiciar
los casos de trata de personas exige examinar
múltiples factores que van mucho más allá del
Principio 13. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha propuesto los siguientes indicios
de una investigación efectiva que, aunque no
se han elaborado en el contexto específico de
la trata de personas, suponen una orientación
sumamente útil:
• La independencia de los investigadores;
• Si la investigación es capaz de llegar a una
determinación de si el acto ilícito fue cometido
y a la identificación y el castigo de los
responsables;
• Si se adoptan medidas razonables para asegurar
las pruebas relativas al incidente;
• La diligencia de las investigaciones, y
• Si existe un elemento suficiente de escrutinio público
de la investigación o de sus resultados 462 .
En un caso reciente (Rantsev c. Chipre y Rusia), el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó
esta cuestión en el contexto particular de la trata
de personas. El Tribunal identificó la obligación
de los Estados partes en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos de investigar los casos de
trata de personas. La necesidad de que esas investigaciones
sean completas y efectivas, abarcando
todos los aspectos de las acusaciones de trata,
desde el reclutamiento hasta la explotación, era
indiscutible (párr. 307). El Tribunal señaló que esa
obligación positiva incumbe a todos los Estados
potencialmente implicados en la trata de seres
humanos (los Estados de origen, de tránsito y de
destino (párr. 289)) y que se habían producido
violaciones a ese respecto tanto por la Federación
de Rusia (Estado de origen) como por Chipre
(Estado de destino). Afirmó que los Estados deben
adoptar las medidas que sean necesarias y estén
a su alcance para conseguir las pruebas pertinentes,
se encuentren o no en el territorio del Estado
462
Finucane c. Reino Unido, párrs. 68 a 71.
que realiza la investigación (párr. 241) y que,
además de la obligación de investigar de manera
interna los acontecimientos que ocurren en sus
propios territorios, los Estados miembros también
están sujetos a la obligación, en los casos de trata
transfronteriza, de cooperar de forma efectiva
con las autoridades competentes de otros Estados
interesados en la investigación de acontecimientos
que han tenido lugar fuera de sus territorios (párr.
289). El Tribunal afirmó también que para que
una investigación sea efectiva, ha de ser independiente
de los implicados en los hechos. También
ha de ser capaz de conducir a la identificación y
el castigo de los responsables; esa obligación no
se refiere a los resultados sino a los medios. En
todos los casos está implícito el requisito de prontitud
y celeridad razonables, pero cuando exista la
posibilidad de sustraer a la víctima de la situación,
la investigación debe llevarse a cabo con carácter
de urgencia. La víctima o los parientes cercanos
deben participar en el procedimiento en la medida
necesaria para salvaguardar sus intereses
legítimos (párr. 288).
Al igual que la cuestión objetiva de lo que el
Estado hizo (o no hizo) de hecho en relación con
una situación determinada, también son pertinentes
los aspectos del mandato, la organización y
la capacidad. Desde esta perspectiva, otras preguntas
que cabría formular serían las siguientes:
• ¿Existe un marco legislativo adecuado dentro
del cual el sistema de justicia penal puede
funcionar efectivamente en relación con este
tipo de casos?
• ¿Se han dado a los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y las atribuciones necesarias
para investigar el delito?
• ¿Poseen esos organismos la capacidad técnica
necesaria y tienen acceso a los recursos
precisos?
• ¿Están organizados de tal modo que se garantice
que las investigaciones puedan realizarse
y de hecho se realicen?
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