Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.2
Estado de investigar y enjuiciar los casos de
trata de personas con la diligencia debida.
El Principio 6 afecta a los Estados y les exige
utilizar todos los medios a su alcance que sean
razonables para detectar, erradicar, investigar y
castigar la participación del sector público en la
trata de personas.
6.2. Obligación de detectar y erradicar
la participación Del sector público
en la trata de personas
El Principio 6 consta de dos partes. En la primera
se reitera el deber del Estado de ejercer la debida
diligencia para erradicar la participación
del sector público en la trata. La participación
del sector público puede, como ya se ha señalado,
tener lugar por participación directa de funcionarios
en la trata o por complicidad y connivencia
en los delitos de agentes no estatales que
guardan relación con la trata de personas. La
segunda parte del Principio 6, que exige a los
Estados que tomen medidas contra los funcionarios
públicos respecto de los cuales se sospeche
que están implicados directa o indirectamente
en la trata de personas, impone obligaciones de
procedimiento además de sustantivas. La obligación
de investigar a los funcionarios públicos así
como a los agentes no estatales sospechosos de
participar en la trata de personas se reafirma en
el Principio 13 y las directrices conexas.
El Principio 6 está complementado por la
Directriz 4. 3, que equipara los delitos cometidos
o que entraña la complicidad de funcionarios
públicos con «circunstancias agravantes»
que justifican la imposición de penas adicionales.
Los Principios y Directrices sobre la trata de
personas también señalan que la complicidad
en la trata de personas por funcionarios encargados
de mantener el orden obstruye la participación
de la víctima en los enjuiciamientos
penales y señala que «hay que adoptar resueltas
medidas para que esa participación sea objeto
de investigación, procesamiento y sanción»
(Directriz 5).
La necesidad de identificar y erradicar la
participación del sector público en la trata de
personas se acepta de manera generalizada en
el derecho y la normativa internacionales. La
Convención contra la Delincuencia Organizada,
por ejemplo, reconoce el intenso vínculo entre
las actividades delictivas organizadas como la
trata de personas y la corrupción 232 . El artículo 8
de la Convención pide a los Estados que adopten
las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito todas
las prácticas corruptas en todas sus formas y
velen por que sus leyes estén armonizadas con
el fin de facilitar la cooperación 233 . Los Estados
Partes han de adoptar medidas para promover
la integridad y para prevenir y castigar la
corrupción de funcionarios públicos. También
adoptarán medidas encaminadas a garantizar
la intervención eficaz de sus autoridades con
miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción
de funcionarios públicos, incluso dotando a
dichas autoridades de suficiente independencia
para disuadir del ejercicio de cualquier influencia
indebida en su actuación (art. 9 1) y 2)).
Tanto el Convenio Europeo sobre la trata de seres
humanos como la Convención de la SAARC
reconocen que la complicidad del sector público
en la trata de personas supone un delito con
agravante que justifica penas relativamente más
duras 234 .
Muchos documentos de política internacional y
regional confirman el vínculo entre la trata de
232
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1,
párrs. 163 a 165.
233
Véase también ibíd., párrs. 163 a 192.
234
Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos,
art. 24 c); Convención de la SAARC, art. IV.
124 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas