Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

Esas justificaciones deben ser estudiadas en relación
con el fondo. Como ha señalado el Comité
de Derechos Humanos en su Observación
general Nº 27, las restricciones de ese derecho
«deben ser previstas por la ley, deben ser necesarias
[…] y deben ser compatibles con todos los
demás derechos» 274 .
El derecho a la libertad y la prohibición
de la detención arbitraria
La norma jurídica internacional en relación con
la libertad y la prohibición de la detención arbitraria
está recogida en el artículo 9 1) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Todo individuo tiene derecho a la libertad y
a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias.
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por la ley y con arreglo
al procedimiento establecido en ésta 275 .
El derecho a la libertad no es absoluto. El derecho
internacional reconoce que los Estados
deben poder conservar la capacidad de utilizar
medidas que priven a las personas de su
libertad. El hecho de la privación de libertad se
convierte en problemático en el derecho internacional
sólo cuando es ilícito y arbitrario. Los
Estados deben asegurarse de definir con precisión
aquellos casos en los que la privación de
libertad es admisible. El principio de legalidad
se vulnera cuando alguien es detenido por motivos
que no están claramente establecidos en una
ley interna o son contrarios a esa ley 276 .
274
Comité de Derechos Humanos, Observación general
Nº 27, párr. 11.
275
Pueden encontrarse disposiciones análogas en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3; el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 5 1); la
Carta Africana, art. 6; y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, art. 7.
276
Nowak, op. cit., págs. 211 y 224. Obsérvese que la
prohibición de la privación de libertad ilícita o arbitraria
también está recogida en otros importantes instrumentos
No basta con que la legislación nacional permita
la detención de las víctimas de la trata de
personas. La prohibición de la arbitrariedad exige
tanto que la ley no sea arbitraria como que
no se aplique de manera arbitraria. El término
«arbitrario» se refiere a elementos de injusticia,
imprevisibilidad, irrazonabilidad, capricho y
falta de proporcionalidad, así como al principio
consuetudinario de las debidas garantías en
el proceso judicial 277 . La privación de libertad
prevista en la ley no debe ser manifiestamente
desproporcionada, injusta o impredecible. La
forma en que se adopta la decisión de privar
a alguien de su libertad debe ser susceptible
de ser considerada apropiada y proporcional
en las circunstancias del caso. Es importante
que una detención que no haya sido arbitraria
inicialmente pueda convertirse en arbitraria si
se prolonga en el tiempo sin la debida justificación
278 . Tanto para el Comité de Derechos
Humanos como para el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,
el órgano que se ocupa exclusivamente de esta
cuestión, el hecho de mantener a los inmigrantes
de derechos humanos, entre ellos, por ejemplo, la
Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad («los Estados Partes asegurarán que las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás […] no se vean privados de su libertad
ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación
de libertad sea de conformidad con la ley, y que la
existencia de una discapacidad no justifique en ningún
caso una privación de la libertad» (art. 14.1)). El mismo
artículo exige que las personas con discapacidad que
se vean privadas de su libertad tengan, en igualdad de
condiciones con las demás, derecho a «garantías de
conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos».
277
Ibíd., pág. 225. El Comité de Derechos Humanos
ha observado que la detención no sólo debe estar
autorizada por la ley, sino que también debe ser
razonable y necesaria en todas las circunstancias del
caso y ser un medio proporcionado para alcanzar un fin
legítimo: Van Alphen c. Países Bajos, Comité de Derechos
Humanos, Comunicación Nº 305/1988, párr. 5.8; A. c.
Australia, Comité de Derechos Humanos, Comunicación
Nº 560/1993, párr. 9.2.
278
Nowak, op. cit., pág. 225.
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