Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.1
La cuestión de si una situación, un acto o una
omisión pueden atribuirse legalmente al Estado
está gobernada por las normas internacionales
relativas a la responsabilidad de los Estados 113 .
En algunos casos, la atribución de responsabilidad
jurídica puede ser una cuestión sencilla
porque la situación, o el acto o la omisión que
llevaron a ella, pueden relacionarse directamente
con un funcionario o una institución públicos.
La acción (o la falta de acción) de tribunales,
parlamentos, órganos ejecutivos y funcionarios
públicos que actúan con carácter oficial son
ejemplos de conducta directamente atribuible al
Estado (art. 4). El hecho de que la organización
o el funcionario esté actuando a título oficial se
determinará fácilmente si se contesta afirmativamente
a la pregunta «si el comportamiento objeto
de la reclamación es sistemático o reiterado,
de modo que el Estado tenía o debería haber
tenido conocimiento de él y debería haber tomado
medidas para impedirlo» (art. 7, comentario,
párr. 8).
La segunda pregunta, es decir, si una situación,
un acto o una omisión supone una infracción
de una norma internacional es una cuestión objetiva
que compete a las normas primarias del
derecho internacional. Exige la consideración
de las siguientes cuestiones:
• ¿Existe la obligación particular en virtud de un
tratado, la costumbre u otra fuente reconocida?
• De ser así, ¿está sometido el Estado de que
se trata a esa obligación en el momento pertinente?
La cuestión de la existencia de una obligación
es puramente materia del derecho internacional:
113
La articulación acordada de esas normas figura en el proyecto
de artículos de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos con sus comentarios, Documentos Oficiales
de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de
sesiones, Suplemento Nº 10 (A/56/10) [en adelante, proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado].
la caracterización de un acto como ilícito en el
derecho interno no es pertinente 114 .
En ocasiones la cuestión de la responsabilidad
del Estado puede determinarse con facilidad.
La aprobación de una norma sobre la trata de
personas que discrimine a las mujeres, contraviniendo
con ello la prohibición internacional de
la discriminación por motivos de sexo (contenida
tanto en el derecho de tratados como en el
derecho internacional consuetudinario) sería un
ejemplo de atribución directa al Estado de un
acto que viola sus obligaciones jurídicas internacionales.
La participación conocida, sistemática
y recurrente de los funcionarios de las fuerzas
del orden en operaciones de trata de personas
es otro ejemplo relativamente claro de la atribución
directa de conductas contrarias al derecho
internacional y que por consiguiente entra en la
responsabilidad jurídica del Estado pertinente. A
lo largo del presente Comentario se citan otros
ejemplos de actos u omisiones que infringen las
obligaciones jurídicas y que pueden atribuirse
directamente al Estado.
¿Puede hacerse responsable al Estado de los
actos de terceros? Los traficantes y sus cómplices
son, en su mayoría, particulares, grupos y
redes. Sin duda, puede haber funcionarios públicos
que faciliten la trata por su inacción, por
inercia o en ocasiones por participación activa.
No obstante, los perjuicios de la trata de personas,
tanto en lo que atañe al proceso como al
resultado final, suelen ser consecuencia directa
de medidas adoptadas por entidades privadas
más que por Estados, sus instituciones o sus representantes.
El derecho internacional deja claro que «como
principio general, el comportamiento de particulares
o entidades no es atribuible al Estado
114
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
art. 27; Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado, art. 3.
78 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas