Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

17.2. Obligación de reparar las
VIOLACIONES DEL DERECHO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Como señala Bassiouni, «el deber de un Estado
de proporcionar un recurso judicial interno a
las víctimas de violaciones del derecho internacional
de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario cometidas en su territorio
está firmemente arraigado en el derecho
internacional» 566 . El presente Comentario ha confirmado
que la trata entraña invariablemente múltiples
violaciones de los derechos humanos que
están protegidos en tratados y, en algunos casos,
en el derecho internacional consuetudinario.
La mayoría de los tratados internacionales y regionales
de derechos humanos exigen a los Estados
que den acceso a reparación por esas violaciones.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, por ejemplo, exige a los Estados
Partes que velen por que «toda persona cuyos
derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados [pueda] interponer un
recurso efectivo» (art. 2 3)) 567 . Puede encontrarse
una disposición análoga en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos 568 y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art. 25).
La Carta Africana dispone que toda persona
tiene derecho a acudir a los órganos nacionales
competentes para solicitar reparación por los
actos que violen sus derechos fundamentales (art.
7 1) a)). La Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial exige
a los Estados que dispongan recursos efectivos y
566
Bassiouni, op. cit., pág. 213.
567
Obsérvense también los artículos 9 5), que reconoce a
toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa
el derecho efectivo a obtener reparación, y 14 6), que
trata sobre la indemnización en caso de error judicial.
568
«Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos
en el presente Convenio hayan sido violados, tiene
derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una
instancia nacional» (art. 13).
consagra el derecho de toda persona a solicitar
de los tribunales nacionales «satisfacción o reparación
justa y adecuada por todo daño de que
puedan ser víctimas como consecuencia de […]
discriminación» (art. 6). La Convención contra la
Tortura también es explícita en lo que se refiere a
garantizar a las víctimas «el derecho a una indemnización
justa y adecuada, incluidos los medios
para su rehabilitación lo más completa posible»
(art. 14). En su artículo 39, la Convención sobre
los Derechos del Niño incluye una disposición semejante.
Las disposiciones de la Convención sobre
los trabajadores migratorios en materia de reparación
son idénticas a las del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (art. 83) 569 . El Estatuto
de la Corte Penal Internacional asigna a la Corte
amplios poderes para ordenar que las personas
condenadas otorguen reparación simbólica o económica
a las víctimas (art. 73) 570 .
Cuando el derecho a reparación existe en un
tratado, el incumplimiento de la obligación
correspondiente se convierte, en sí mismo, en
una violación añadida e independiente de ese
instrumento. En el contexto de los derechos humanos,
esto puede significar que el Estado será
responsable de una serie de violaciones, entre
ellas tanto la violación particular que da lugar
al derecho a reparación como la infracción del
derecho a reparación.
569
Obsérvese que la Convención también prevé un
derecho efectivo a la reparación en lo que se refiere a la
detención o la privación de libertad ilícitos (art. 16 9)).
570
La propia Corte puede establecer principios
relacionados con la reparación y, en algunos casos,
puede conceder reparación a las víctimas, o respecto
de ellas, incluidas la restitución, la indemnización y
la rehabilitación (art. 75). Obsérvese que el Estatuto
contiene toda una gama de disposiciones diseñadas
para garantizar la justicia a las víctimas, incluidas
medidas para facilitar su protección y su participación
en las actuaciones. Véanse, por ejemplo, los artículos
43 y 68. Esas disposiciones han quedado ampliadas en
el reglamento y las normas de la Corte, así como en su
jurisprudencia. Actualmente, la Corte está elaborando una
estrategia institucional en relación con las víctimas.
COMENTARIO
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