Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

jus cogens, la obligación no es consuetudinaria y
se aplicará solamente si la imponen los tratados.
La Convención contra la Delincuencia
Organizada extiende a los delitos de trata de
personas el principio de extraditar o enjuiciar 516 .
Los Estados Partes en el Convenio Europeo sobre
la trata de seres humanos están igualmente obligados
a emprender acciones penales si se rechaza
una solicitud de extradición por un delito
previsto en ese instrumento (art. 31 3)) 517 . Otros
tratados internacionales 518 reiteran la importancia
de este principio.
14.4. Asistencia jurídica/judicial
mutua
Como ya se ha señalado, el éxito de la investigación
y el enjuiciamiento de los casos de trata
de personas a menudo depende de la cooperación
entre Estados para conseguir pruebas que
se encuentran en un país distinto de aquel en
el que se va a llevar a cabo la acción judicial.
Cuando esa cooperación entraña la aportación
de pruebas que necesariamente deben ser admisibles
en el tribunal, o se relaciona con resultados
que sólo pueden conseguirse por medios
coercitivos, en general la cooperación se rige
por las estrictas normas de la «asistencia jurídica
mutua» establecidas en las leyes internacionales
e internas.
516
Convención contra la Delincuencia Organizada, arts.
15 3) y 16 10). Obsérvese que la norma aut dedere aut
judicare se limita, en la Convención, a los casos en los
que la negativa guarda relación con la nacionalidad del
sospechoso.
517
Obsérvese que la disposición se limita a los casos en
los que la negativa guarda relación con la nacionalidad
del sospechoso.
518
Convención de la SAARC, art. VII.4; Protocolo
facultativo relativo a la venta de niños, arts. 4 3) y 5;
Convención Interamericana sobre Extradición, art. 8.
Los sistemas de asistencia jurídica mutua a
menudo se establecen en virtud de un tratado
bilateral o multilateral que puede referirse a una
sola cuestión, como el terrorismo, el blanqueo de
dinero o la delincuencia organizada. Un ejemplo
es el régimen establecido en la Convención
para la represión del cohecho de funcionarios
públicos extranjeros en las transacciones comerciales
internacionales de la OCDE. También
pueden concluirse tratados con el objeto de fijar
un marco general de normas dentro de las cuales
dos o más países abordarán las cuestiones
de asistencia jurídica mutua. La Convención
Interamericana sobre asistencia mutua en materia
penal y la Convención sobre asistencia jurídica
mutua entre países afines de la ASEAN son
ejemplos de este último enfoque. Los tratados de
asistencia jurídica mutua en general recogen lo
siguiente: los tipos de asistencia que van a prestarse,
los derechos de los Estados requirente y requerido,
los derechos de los presuntos delincuentes,
y los procedimientos que deben seguirse en
la formulación, la recepción y la tramitación de
solicitudes.
Los Estados también pueden ocuparse de las
cuestiones de asistencia jurídica mutua en su
legislación interna. Muchos países han aprobado
leyes que los facultan para prestar diversas
formas de asistencia a otros Estados sin necesidad
de relaciones basadas en tratados. La
legislación por lo general prescribe las condiciones
previas y el procedimiento para formular,
transmitir y ejecutar las solicitudes que se reciben
y que se cursan. Algunas leyes designan específicamente
qué Estados extranjeros recibirán
asistencia; otras disponen que la asistencia se
prestará caso por caso.
La Directriz 11.8 de los Principios y Directrices
sobre la trata de personas se ocupa de la asistencia
jurídica mutua en el contexto de la trata
de personas. Pide a los Estados que examinen
la posibilidad de «instituir la cooperación judicial
entre Estados en las investigaciones y los
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