Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.1
La discriminación racial y por motivos de género
en el reconocimiento y la aplicación de los derechos
económicos y sociales también es un factor
decisivo a la hora de hacer que unas personas
sean más susceptibles que otras de ser objeto de
trata. En ambos casos, la discriminación tiene
como efecto que las posibilidades de elección en
la vida sean más pobres y menos numerosas. La
falta de elección es lo que a su vez puede hacer
que las mujeres y las niñas sean más vulnerables
que los varones, y que también lo sean ciertas
nacionalidades y razas, a ser objeto de trata en
algunas situaciones: cuando son miembros de minorías
o cuando viven en condiciones de pobreza
o de inestabilidad tras un conflicto o en una transición
política (véase además el análisis en relación
con el Principio 5 y las directrices conexas).
Las medidas adoptadas por los Estados y otras
entidades para prevenir o responder a la trata
de personas pueden perpetuar la discriminación
e incluso infringir la prohibición legal contra la
discriminación. Este peligro se reconoce explícitamente
en el Protocolo sobre la trata de personas,
que afirma lo siguiente:
Las medidas previstas en el presente Protocolo
se interpretarán y aplicarán de forma que no
sea discriminatoria para las personas por el
hecho de ser víctimas de la trata de personas.
La interpretación y aplicación de esas medidas
estarán en consonancia con los principios
de no discriminación internacionalmente reconocidos
(art. 14).
El problema de la discriminación por motivos
de género es particularmente grave respecto de
las medidas contra la trata. Esto se reconoce en
la Directriz 1.4, en la que se insta a los Estados
y otros agentes a «asegurarse en particular de
tener sistemáticamente en cuenta la cuestión de
la discriminación por razones de género cuando
se propongan medidas de lucha contra la trata
de personas a fin de que esas medidas no se
apliquen en forma discriminatoria».
Como se ha señalado en la sección 1.4.1, en
la parte 1, la igualdad de trato y la no discriminación
por motivos de género es un derecho
humano fundamental, firmemente consagrado
en los principales instrumentos internacionales
y regionales. Según el derecho internacional
de los derechos humanos, una medida contra
la trata de personas viola la prohibición de la
discriminación por razones de sexo si puede
demostrarse que: i) repercute de forma negativa
en los derechos de la persona afectada, y ii) se
dirige sobre todo y afecta predominantemente a
las mujeres y las niñas. Esta prueba se aplica en
los momentos apropiados a lo largo del presente
Comentario.
3.3. Medidas de lucha contra la
trata y derecho a la libertad de
circulación
En general, se entiende que el derecho a la libertad
de circulación se refiere a un conjunto de
derechos de libertad de la persona, entre ellos, el
derecho a circular libremente y a escoger su lugar
de residencia en un Estado, el derecho a atravesar
la frontera para entrar y salir de un país, y la prohibición
de la expulsión arbitraria de los extranjeros
142 . En su artículo 12, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos reconoce explícitamente
y protege el derecho a la libertad de circulación,
al igual que la Declaración Universal de
Derechos Humanos (art.13 1)) y todos los grandes
instrumentos regionales de derechos humanos 143 .
La libertad de circulación es un derecho particularmente
expuesto a ser comprometido por
los Estados en sus actividades de respuesta a la
trata de personas. Los Estados pueden, por ejemplo,
adoptar medidas legislativas, administrati-
142
Nowak, op. cit., pág. 260.
143
Protocolo nº 4 al Convenio Europeo de Derechos
Humanos, art. 1; Carta Africana, art. 12; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, art. 22.
90 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas