Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

información, asistencia y apoyo inmediato no
sea discrecional sino que esté a disposición
de todos los que hayan sido identificados
como víctimas de trata de personas.
La Directriz 6.5 reitera que las personas víctimas
de trata deben recibir asistencia letrada o de
otra índole en relación con las acciones penales,
civiles o de otro tipo contra los tratantes o
quienes las hayan explotado. También señala
que debe darse a las víctimas información en un
idioma que entiendan.
El Protocolo sobre la trata de personas requiere
que se proporcione a las personas víctimas de la
trata información sobre los procedimientos judiciales
y administrativos pertinentes (art. 6 2) a)).
De hecho, el Protocolo va incluso más allá que
los Principios y Directrices a este respecto al determinar
una obligación de los Estados de prestar
asistencia encaminada a permitir que las opiniones
y preocupaciones de las víctimas se presenten
y examinen en las etapas adecuadas de sus
actuaciones penales contra los delincuentes (art.
6 2) b)). Ambas disposiciones son obligatorias
y se hacen eco de una disposición análoga contenida
en la Convención contra la Delincuencia
Organizada (art. 25 3)). El Protocolo reconoce
que el derecho de las víctimas a estar presentes
y dar a conocer sus opiniones durante los procedimientos
judiciales se ve perjudicado por una
repatriación prematura. Por consiguiente, exige
a los Estados Partes de destino que garanticen,
entre otras cosas, «que dicha repatriación se realice
teniendo debidamente en cuenta la seguridad
de esa persona, así como el estado de cualquier
procedimiento legal relacionado con el hecho de
que la persona es una víctima de la trata» (art.
8 2)). Esta cuestión se examina en mayor detalle
más adelante en relación con los permisos de
residencia temporales y, respecto del Principio 11
y las directrices correspondientes, en el contexto
de la obligación de garantizar un regreso seguro
y preferiblemente voluntario.
El Convenio Europeo sobre la trata de seres
humanos, que también exige que todo regreso
se realice teniendo debidamente en cuenta el
estado de los procedimientos judiciales (art. 16
2)), establece una serie de disposiciones de asistencia
a las víctimas relacionadas con el proceso
judicial, incluida la obligación de los Estados
Partes de velar por que las víctimas reciban
asesoramiento e información en lo relativo a los
derechos que les reconoce la ley en un idioma
que puedan comprender (art. 12 1) d) y e)).
La Convención de la SAARC exige a los Estados
Miembros que proporcionen asistencia letrada
a las mujeres y los niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual (art. 5).
Entre los instrumentos no vinculantes, puede
encontrarse respaldo al derecho de las personas
víctimas de trata a información y asistencia
jurídica en la Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder. El párrafo 6 incluye
medidas como mantener a las víctimas informadas
en cuanto al alcance, el desarrollo cronológico
y el estado de las actuaciones y de la
forma en que se ha resuelto su caso, además de
prestar a las víctimas la debida asistencia. Una
importante resolución de la Asamblea General
sobre medidas de justicia penal para eliminar la
violencia contra la mujer también exhorta a los
Estados a que «faciliten información a las mujeres
que hayan sido víctimas de violencia sobre
sus derechos y el modo de hacerlos valer, sobre
la forma de participar en un proceso penal y
sobre la preparación, el desarrollo y la clausura
de un proceso» 351 .
Otras resoluciones de la Asamblea General 352 y
de la Comisión de Derechos Humanos/Consejo
351
Resolución 52/86, anexo, párr. 10 a).
352
Resoluciones 61/144 (párr. 15), 59/166 (párr. 13) y
58/137 (párr. 6).
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