Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

45413
Principio 13 y Directrices conexas:
Investigación,
enjuiciamiento y
resolución judicial
Los Estados procederán a investigar, procesar
y fallar efectivamente los casos de trata de
personas con inclusión de sus actos constitutivos
y las conductas afines, con prescindencia de que
sean cometidos o no por agentes de gobierno. 454
13.1. Propósito y contexto
El Principio 13 aborda el grave problema de la
cultura generalizada de impunidad de los que
intervienen en la trata de personas y la explotación
asociada. Los tratantes y sus cómplices
raras veces son detenidos, investigados, enjuiciados
o condenados. Como se ha señalado a lo
largo del presente Comentario, las víctimas de la
trata raras veces son identificadas y con demasiada
frecuencia son consideradas delincuentes.
A pesar de que ello sea la clave para un enjuiciamiento
satisfactorio, las personas objeto de
trata raras veces son incorporadas al proceso
de justicia penal en calidad de víctimas.
El Principio 13 exige que todos los Estados
apliquen su legislación penal investigando
debidamente las acusaciones de trata, procesando
a aquellos contra los que existan pruebas
suficientes y llevándolos a juicio. Complementa
el Principio 2, que declara de forma inequívoca
que «los Estados tienen la obligación, con
arreglo al derecho internacional, de actuar con
la diligencia debida para […] investigar y procesar
a quienes la cometen» [la trata]. También
son pertinentes el Principio 6 (investigación de
acusaciones de participación de funcionarios del
Estado en actividades de trata) y el Principio 12
(penalización de la trata en la legislación interna).
La alusión a los actos constitutivos y las conductas
afines que hace el Principio 13 lleva su
aplicación más allá de la trata para incluir otros
delitos como la explotación sexual, los trabajos
o servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas
análogas a ésta y la servidumbre, la servidumbre
por deudas, las peores formas de trabajo
infantil y el matrimonio forzoso 455 . El Principio
13 confirma que la obligación de diligencia debida
del Estado se extiende a la investigación y
el enjuiciamiento de las alegaciones de trata de
personas contra funcionarios públicos y agentes
no estatales.
454
La presente sección se basa en Gallagher, International
Law of Human Trafficking, cap. 7. Para un análisis de
cuestiones prácticas relacionadas con la investigación, el
enjuiciamiento y la resolución judicial de casos de trata de
personas, véase Gallagher y Holmes, loc. cit.
Los tratados internacionales pertinentes no exigen
específicamente a los Estados Partes que
455
Véase el análisis de este aspecto en el contexto del
Principio 12 y las directrices conexas.
COMENTARIO
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