Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
pueden apoyar o corroborar un caso de trata
de seres humanos, por ejemplo demostrando al
tribunal que los ingresos de una persona natural
o jurídica exceden con mucho de lo que podrían
explicar unas fuentes legítimas.
Los delincuentes que participan en actividades de
trata de personas pueden organizar sus negocios
de modo que los beneficios obtenidos en un delito
se encuentren en un Estado distinto de aquel
en el que viven o en el que se comete el delito.
El objetivo de garantizar que no existan cobijos
seguros para los tratantes debe hacerse extensivo
a los bienes que han conseguido explotando a
sus víctimas. Los mecanismos de cooperación internacional
que permitan a los países dar efecto a
órdenes extranjeras de incautación y decomiso de
bienes y la colaboración para recuperar bienes
derivados de la actividad delictiva son fundamentales
para una recuperación de bienes efectiva.
Los bienes y beneficios de la trata de personas
pueden incluir propiedades o efectivo, por
ejemplo:
• Beneficios procedentes de los servicios y la
explotación de la víctima;
• Cantidades abonadas por las víctimas (pasaportes,
visados, transporte), por ejemplo,
cuando la víctima ha pagado para que se
facilite su migración ilegal y a continuación
se ha convertido en víctima de la trata;
• Vehículos utilizados para transportar a las
víctimas;
• Fábricas, burdeles, embarcaciones o explotaciones
agrícolas en las que ha tenido lugar
el delito;
• Beneficios de la venta o la reventa de una
persona de un tratante a otro, y
• El valor de servicios o sueldos no pagados
que de otro modo habrían sido abonados a
las personas explotadas.
La base jurídica de un régimen de decomiso y
recuperación de bienes puede ser la legislación
nacional, tratados bilaterales o multilaterales o,
más comúnmente, una combinación de ambos.
En general, los Estados elaboran sus propias leyes
nacionales con disposiciones concretas sobre
toda una serie de cuestiones como las siguientes:
qué «beneficios» pueden ser objeto de decomiso;
normas probatorias para las actuaciones penales
y civiles; instituciones, instrumentos y órdenes judiciales
o legales para obtener información financiera,
y procedimientos para la recuperación de
beneficios. En lo que se refiere a la cooperación
con otros países, la recuperación de beneficios es
una modalidad de asistencia jurídica mutua. Así
pues, los Estados se basarán en las disposiciones
de su legislación interna sobre asistencia jurídica
mutua así como en cualquier tratado que pueda
existir entre ellos y el Estado cooperante 549 . Las
leyes internas en materia de blanqueo de dinero y
los tratados de extradición también pueden contener
disposiciones sobre cooperación internacional
en la recuperación de los beneficios del delito.
Otro aspecto importante es prever cuál es el
uso más apropiado de los bienes decomisados.
Algunos tratados especifican el destino que
debe darse a los fondos y las propiedades confiscados.
A menudo los Estados tienen amplios
poderes discrecionales a este respecto y regulan
la utilización de los beneficios o las propiedades
decomisados mediante una combinación de
procedimientos administrativos y leyes internas.
Esta cuestión se examina con mayor detalle más
adelante en la sección 16.3.
16.2. OBLIGACIÓN de aprehender y
decomisar los bienes procedentes
de la trata de personas
Según el Principio 16, los Estados, en los casos
en que proceda, congelarán y decomisarán los
549
Véase también supra el análisis sobre la asistencia
jurídica mutua que se hace en relación con el Principio 14 y
las directrices conexas.
232 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas