Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.3
La aceptación creciente de la importancia de un
«período de reflexión y recuperación», durante
el cual se ofrece a la víctima el espacio, la asistencia,
la información y el apoyo que se permitirán
tomar una decisión informada sobre lo que
debe hacer a continuación, da nuevas pruebas
del valor que tiene distinguir la asistencia inmediata
de la decisión de la víctima de cooperar.
Este concepto se examina en mayor detalle en
la sección 8.6 infra.
8.3. Protección frente a daños
mayores
El delito de trata de personas sólo es posible y
se mantiene porque en él se practican elevados
niveles de violencia e intimidación. A diferencia
de muchos otros delitos, la amenaza para la
víctima no termina una vez que ha escapado o
ha sido rescatada de una situación delictiva. En
algunos casos, por ejemplo en aquellas situaciones
en las que la víctima está en contacto con el
sistema de justicia penal, la libertad de una situación
de trata en realidad puede aumentar los
riesgos para la seguridad y el bienestar de esa
persona, como ya se ha dicho. Los Principios y
Directrices sobre la trata de personas aluden específicamente
(en el Principio 8) a la responsabilidad
de los Estados de «proteger a las víctimas
de la trata de personas de mayor explotación y
mayores daños» (véase también el Principio 2),
así como a la necesidad de que los Estados y
otros agentes se aseguren de que las personas
objeto de trata sean efectivamente protegidas de
daños, amenazas o intimidación por parte de
los tratantes y personas asociadas a ellos.
¿Qué dicen los principales tratados acerca
de la protección frente a mayores daños ? El
Protocolo sobre la trata de personas exige a
todos los Estados Partes que se esfuercen «por
prever la seguridad física de las víctimas de la
trata de personas mientras se encuentren en su
territorio» (art. 6 5)). Mientras que esta disposición
se ve limitada por el carácter no vinculante
de la obligación y la referencia concreta a la seguridad
física, no obstante obliga a los Estados
Partes a adoptar al menos algunas medidas que
supongan un «esfuerzo» por proteger la seguridad
307 . Es importante señalar que las disposiciones
del Protocolo a este respecto complementan
las disposiciones más estrictas en relación con
la protección de las víctimas que figuran en su
instrumento principal, la Convención contra la
Delincuencia Organizada. Las disposiciones
pertinentes de la Convención exigen a los
Estados Partes que protejan a los testigos contra
eventuales actos de represalia o intimidación
(art. 24). También exigen que los Estados Partes
adopten las medidas apropiadas dentro de sus
posibilidades, «para prestar asistencia y protección
a las víctimas de [la trata], en particular en
casos de amenaza de represalia o intimidación»
(art. 25) (Directriz 6.6).
El Convenio Europeo sobre la trata de seres
humanos contiene una obligación general para
los Estados Partes para que tengan en cuenta
«de forma adecuada las necesidades en materia
de seguridad y protección de las víctimas»
(art. 12 2)) 308 . Este requisito se ve complementado
por una disposición detallada en la que
se exponen las medidas concretas que deben
aplicarse para proporcionar a las víctimas y
otros (incluidos los testigos y los organismos de
apoyo a las víctimas) una «protección efectiva
y adecuada» frente a las posibles represalias o
intimidaciones, especialmente durante las investigaciones
y acciones judiciales contra los autores,
o con posterioridad a las mismas (art. 28).
El Protocolo facultativo relativo a la venta de
niños también contiene disposiciones específicas
307
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 2,
párr. 59.
308
Obsérvese que esta disposición también se aplica a las
víctimas que sólo han sido identificadas como tales a título
provisional: art. 10 2).
152 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas