Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

de Viena sobre Relaciones Consulares, los Estados
Partes tienen el deber de ayudar a los no ciudadanos
que han sido detenidos a ponerse en contacto
con los funcionarios consulares de su país de ciudadanía.
En particular:
[s]i el interesado lo solicita, las autoridades
competentes del Estado receptor deberán informar
sin retraso alguno a la oficina consular
competente en ese Estado cuando, en su circunscripción,
un nacional del Estado que envía
sea arrestado de cualquier forma, detenido
o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación
dirigida a la oficina consular por
la persona arrestada, detenida o puesta en
prisión preventiva, le será asimismo transmitida
sin demora por dichas autoridades, las cuales
habrán de informar sin dilación a la persona
interesada acerca de los derechos que se le
reconocen en este apartado (art. 36 1) b)).
La Corte Internacional de Justicia ha examinado
en tres ocasiones recientes las repercusiones de
este párrafo desde la perspectiva de los derechos
individuales 298 . En el caso LaGrand, la Corte afirmó
que la Convención de Viena crea un derecho
individual a ciertas formas de asistencia consular y
no simplemente regula los derechos y deberes de
los Estados Partes 299 . De acuerdo con las disposi-
298
Casos Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares (Paraguay c. Estados Unidos de América),
solicitud de indicación de medidas provisionales, ICJ
Reports 1998, pág. 248; LaGrand (Alemania c. Estados
Unidos de América), Fondo, ICJ Reports 2001, pág. 466;
Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados
Unidos de América), Fondo, ICJ Reports 2004, pág.
12. Véase también El derecho a la información sobre
la asistencia consultiva en el marco de las garantías del
debido proceso legal (Opinión Consultiva) (Solicitud
de Opinión Consultiva presentada por el Gobierno de
Estados Unidos Mexicanos), Corte Interamericana de
Derechos Humanos OC-16/99 (1997).
299
Caso LaGrand (Alemania c. Estados Unidos de
América), Fondo, ICJ Reports 2001, pág. 466, resumido
en Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
Progress report of the Special Rapporteur, Mr David
ciones de este instrumento y sobre la base de este
fallo, las personas objeto de trata que han sido
arrestadas o detenidas por el país de destino por
cualquier razón tienen el derecho a ser informadas
de la asistencia consular de su país de ciudadanía
y a solicitarla y recibirla. La Convención sobre
los trabajadores migratorios también especifica
que, cuando se detiene a un trabajador migrante,
el personal consular o diplomático de su Estado
de origen será informado sin demora acerca del
arresto y de los motivos de éste 300 .
La Directriz 6.3 reconoce implícitamente que un
apoyo consular eficaz requiere que el personal
consular esté bien informado y comprometido.
Es especialmente importante que los funcionarios
consulares comprendan el fenómeno de la
trata de personas y la forma en que afecta a sus
nacionales. Los funcionarios consulares también
deben estar al tanto de los derechos de las víctimas
de la trata, incluido su derecho a no ser
detenidas de forma arbitraria. La no prestación
de asistencia consular a la que tiene derecho
una persona supone una infracción del derecho
internacional que conlleva la responsabilidad
jurídica internacional del Estado infractor 301 .
Véase además:
• Derecho a reparación: parte 2.4, secciones
17.1 a 17.6
• Detención de niños víctimas de la trata de
personas: parte 2.3, sección 10.4
• Libertad de circulación: parte 2.1, sección 3.3
Weissbrodt, on the rights of non-citizens - United Nations
activities (E/CN.4/Sub.2/2002/25/Add.1, párr. 71).
300
Convención sobre los trabajadores migratorios, art. 16
7) a).
301
Véanse los casos Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares (Paraguay c. Estados Unidos de
América); LaGrand (Alemania c. Estados Unidos de
América); Avena y otros nacionales mexicanos (México c.
Estados Unidos de América). Véase también John Quigley,
«The law of State responsibility and the right to consular
access», Willamette Journal of International Law and
Dispute Resolution, vol. 11 (2003), pág. 39.
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