Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

parte 2.4
Penalización,
sanción y
reparación
Introducción
La última parte de los Principios y Directrices
sobre la trata de personas se ocupa de los
aspectos de la respuesta de la justicia penal a
la trata. Las disposiciones detalladas de esta
sección confirman la importancia decisiva de
una respuesta de justicia penal eficaz como uno
de los elementos de un enfoque más amplio y
basado en los derechos de este fenómeno. Una
respuesta de justicia penal a la trata de personas
que dé prioridad a los derechos y procure
tanto poner fin a la impunidad de los tratantes
como asegurar la justicia para las víctimas debe
ocupar el lugar que le corresponde como componente
decisivo de cualquier solución duradera
a la trata de personas.
Mediante las novedades jurídicas y normativas
que se detallan en la presente sección, la comunidad
internacional ha confirmado varios importantes
«marcadores» de una respuesta de justicia
penal eficaz a la trata de personas. Se conviene,
por ejemplo, en que la trata de personas en
todas sus formas debe ser tipificada como delito;
que los tratantes deben ser investigados,
enjuiciados y castigados; que sus bienes deben
ser confiscados, y, en los casos de trata internacional
de personas, que la colaboración jurídica
y operacional entre países debe esforzarse por
garantizar que no haya lugares seguros para
los tratantes. Los Principios y Directrices sobre
la trata de personas añaden una importante
dimensión de derechos humanos a este respecto
haciendo hincapié, por ejemplo, en los derechos
de los sospechosos y en los requisitos de un juicio
imparcial, así como en la necesidad de velar
por que las víctimas de la trata puedan recurrir
al sistema judicial para obtener reparación por
el daño que se les ha causado.
El Principio 12 y las directrices correspondientes
abordan la obligación de tipificar como delito la
trata de personas. Como se señala en el presente
Comentario, un sólido marco jurídico nacional en
relación con la trata de personas, basado en las
disposiciones pertinentes del derecho internacional,
constituye los cimientos y el andamiaje para
una respuesta nacional correcta y apropiada a
la trata de personas. La forma en que los Estados
cumplen su obligación de tipificar la trata como
delito tendrá importantes consecuencias para
los efectos y la eficacia de su respuesta global.
Por ejemplo, el Principio 12 y las directrices
conexas piden a los Estados que vayan más allá
de la penalización de la trata de personas para
incluir «delitos constitutivos o conexos» como la
servidumbre por deudas, los trabajos forzosos, el
trabajo infantil y los matrimonios forzosos.
COMENTARIO
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