Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

víctima. Esos procedimientos incluyen, tal y como
se señala a continuación y, con mayor detalle,
en el contexto del Principio 17 y las directrices
correspondientes, los relacionados con las indemnizaciones.
Como mínimo, debe haber un aplazamiento
de la deportación, acompañada por
una regularización temporal de la situación legal
hasta que la víctima haya podido participar en
los procedimientos judiciales pertinentes.
Acceso a vías de reparación
Todas las personas víctimas de trata tienen un
derecho legal reconocido internacionalmente a
tener acceso a una reparación justa y suficiente.
La presencia de la persona objeto de trata en el
país en el que se solicita reparación a menudo
es un requisito práctico, y en ocasiones jurídico,
para que esa persona consiga medidas de reparación.
En algunos países, la acción civil por daños
no puede iniciarse hasta que hayan concluido
las actuaciones penales. La repatriación que
no tiene en cuenta el derecho de la víctima a
reparación inevitablemente obstruirá el ejercicio
libre y efectivo de ese derecho 414 . La Directriz
9.3 destaca la importancia de las disposiciones
que permiten que las víctimas de trata «permanezcan
en condiciones de seguridad en el país
en que se interponga el recurso mientras dure el
procedimiento penal, civil o administrativo».
La cuestión de la reparación se examina en detalle
en relación con el Principio 17 y las directrices
correspondientes.
Alternativas a la repatriación
En algunos casos, la repatriación de la víctima a
su país de origen, incluso a largo plazo, no es la
414
El Informe Explicativo del Convenio Europeo sobre la
trata de seres humanos señala que es indispensable que
las víctimas que están presentes ilegalmente en el país
sean informadas de su derecho en cuanto a la posibilidad
de obtener un permiso de residencia en virtud del artículo
14 del Convenio, pues les resultaría muy difícil obtener
reparación si no pudiesen permanecer en el país donde
tienen lugar las actuaciones judiciales (párr. 192).
alternativa preferible. Ello puede deberse a que
persisten problemas de seguridad pública y personal.
También puede ser por consideraciones humanitarias
relacionadas, por ejemplo, con la salud
de la víctima o los vínculos y relaciones que ha
establecido en el país de destino. En los Principios
y Directrices sobre la trata de personas se hace
hincapié en garantizar la seguridad de la víctima.
El Principio 11 identifica específicamente la necesidad
de «alternativas jurídicas a la repatriación»
en situaciones en las que el regreso plantearía
riesgos inaceptables para la víctima o su familia.
La Directriz 6.7 pide a los Estados que estudien alternativas
a la repatriación, como la residencia en
el país de destino o el reasentamiento en un tercer
país cuando las circunstancias así lo requieran.
El Protocolo sobre la trata de personas no aborda
específicamente las alternativas a la repatriación
salvo en referencias indirectas en el instrumento
principal (art. 24) a ciertas formas de protección
de testigos, incluida la relocalización. El Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos adopta
un enfoque diferente. Reconociendo la posibilidad
de conceder visados temporales e incluso la
residencia permanente, este tratado no supone
automáticamente que la repatriación sea resultado
inmediato o incluso último de un acto de trata. Se
alienta a los Estados Partes a proporcionar a las
víctimas permisos de residencia cuando su estancia
sea necesaria debido a su situación personal
o «a causa de su cooperación con las autoridades
competentes para los fines de la investigación
o de las acciones penales» (art. 14 1)). Las
Directrices del UNICEF identifican la integración
tanto local como en terceros países como opciones
apropiadas para una solución duradera en
los casos en los que el regreso al país de origen
no redunda en el mejor interés del niño (secc. 9).
En su Observación general N° 6 el Comité de los
Derechos del Niño también ha afirmado que «la
repatriación no debe tener lugar cuando haya un
‘riesgo razonable’ de traducirse en la violación
de los derechos humanos fundamentales del niño»
(párr. 84). También recomienda como alternativas
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