Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
naturales 530 . Esta obligación se confirma en el
derecho internacional contenido en tratados. La
Convención contra la Delincuencia Organizada,
por ejemplo, incluye los siguientes requisitos
en relación con los delitos establecidos en el
Protocolo sobre la trata de personas 531 :
• Esos delitos deben estar castigados con sanciones
que tengan en cuenta la gravedad de
aquéllos, y
• Las atribuciones legales discrecionales en
relación con la imposición de penas deben
ejercerse de tal modo que sea máxima la eficacia
de las medidas de aplicación de la ley
y tengan debidamente en cuenta la necesidad
de disuadir de la comisión de delitos relacionados
con la trata de personas (art. 11).
El Convenio Europeo sobre la trata de seres
humanos exige que la trata de personas y otros
delitos en él establecidos sean punibles mediante
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias,
que incluyan penas de reclusión que puedan
dar lugar a extradición (art. 23 1)) 532 .
En los casos de trata de personas en que estén
implicadas personas jurídicas (como negocios,
empresas y organizaciones no lucrativas),
tanto la Convención contra la Delincuencia
530
En cuanto al vínculo entre las sanciones penales y la
extradición, véase supra el análisis del Principio 14 y las
directrices conexas.
531
Un Estado que es parte en la Convención contra la
Delincuencia Organizada pero no en el Protocolo sobre
la trata de personas tendría que establecer que la trata
de personas es, con arreglo a su legislación, un «delito
grave», tal y como se define en la Convención para que
esas disposiciones se aplicasen a los delitos de trata;
Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 2
9) b); Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1,
párr. 302.
532
Como se señala en el Informe Explicativo del Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos, ello exigiría la
previsión de penas de privación de libertad de al menos
un año (párr. 252).
Organizada (art. 10 4)) como el Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos
(art. 23 2)) requieren que esas personas jurídicas
sean objeto de sanciones penales o no
penales efectivas, proporcionadas y disuasorias,
incluidas sanciones económicas.
El castigo del delito de trata de personas puede
entrañar sanciones distintas de la reclusión o «medidas»
dirigidas a personas naturales o personas
jurídicas, como empresas. La confiscación de
bienes, que se examina más adelante en el contexto
del Principio 16 y las directrices conexas, es
un ejemplo de medida de ese tipo. El Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos prevé
varias medidas más, entre ellas la clausura de
cualquier establecimiento empleado para actividades
de trata de seres humanos y la prohibición
de que un autor realice la actividad en el curso de
la cual tuvo lugar el delito (art. 23 4)). El Informe
Explicativo del Convenio señala que esta disposición
tiene por objeto permitir que los Estados
actúen contra establecimientos que puedan utilizarse
para encubrir actividades de trata de personas,
como agencias matrimoniales, agencias
de empleo, agencias de viajes, hoteles o servicios
de acompañantes (párr. 257). También tiene por
objeto reducir el riesgo de que se produzcan
nuevas víctimas clausurando locales en los que se
sabe que se han reclutado o explotado víctimas
de la trata, como bares, hoteles, restaurantes o
talleres textiles, y prohibir a una persona la realización
de actividades de las que se ha servido
para la trata de seres humanos (párr. 256). Los
Principios y Directrices sobre la trata de personas
se hacen eco de esta cuestión proponiendo una
revisión de las leyes, los controles administrativos
y las condiciones relativas a la autorización y el
funcionamiento de empresas que puedan servir
para encubrir la trata de personas (Directriz 4 2)).
En el caso Rantsev c. Chipre y Rusia, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos confirmó que la
prohibición de la trata de personas contenida en
el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos exigía a los Estados partes poner en
226 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas