Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 1
Recuadro 2: Decisiones de cortes y tribunales citadas con mayor
frecuencia en el presente Comentario
Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29
de julio de 1988, Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Ser. C) N° 4 (1988)
Condición jurídica y derechos de los migrantes
indocumentados, Opinión Consultiva OC-
18/03 de 17 de septiembre de 2003, Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Ser. A)
N° 18 (2003)
Fiscal c. Kunarac et al. (Sala de Primera
Instancia I), caso N° IT-96-23-T& IT-96-23/1-T
(22 de febrero de 2001) (sentencia)
Fiscal c. Kunarac et al. (Sala de Apelaciones)
caso N° IT-96-23 & IT-96-23/1-A (12 de junio
de 2002) (sentencia)
Rantsev c. Chipre y Rusia (25965/04) [2009]
TEDH 22 (7 de enero de 2010)
Siliadin c. Francia (73316/01) [2005] TEDH
545 (26 de julio de 2005)
MC c. Bulgaria (39272/98) [2003] TEDH 651
(4 de diciembre de 2003)
Osman c. Reino Unido (23452/84) [1998]
TEDH 101 (28 de octubre de 1998)
Akkoç c. Turquía (22947/93;22948/93)
[2000] TEDH 458 (10 de octubre de 2000)
Centro de Acción Social y sobre Derechos
Económicos y Centro para los Derechos
Económicos y Sociales c. Nigeria, Comisión
Africana sobre los Derechos Humanos y de los
Pueblos, Com. N° 155/96 (2002)
Maria Penha Maia Fernandes c. Brasil, caso
12.051, Informe N° 54/01, OEA/Ser.L/V/
II.111 Doc. 20 rev. en 704 (2000)
de la práctica de los Estados en el contexto de una
norma consuetudinaria incipiente.
El derecho sin fuerza obligatoria reviste especial
importancia en varias esferas que guardan relación
directa con la cuestión objeto del presente
Comentario. Por ejemplo, las Naciones Unidas han
trabajado durante muchos años con los Estados
para elaborar normas no incluidas en tratados relativas
a aspectos fundamentales de la administración
de justicia penal, incluidas la detención y la reclusión.
Cabe citar como ejemplos las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la administración de
la justicia de menores; las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de libertad; la Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas
de delitos y del abuso de poder; y los Principios y
directrices básicos sobre el derecho a obtener reparaciones.
Todos estos instrumentos no vinculantes
se apoyan en normas basadas en tratados (y por
consiguiente jurídicamente obligatorias) como la
prohibición de la detención arbitraria, los derechos
de los niños y el derecho a reparación de las víctimas
de violaciones de los derechos humanos.
En el ámbito concreto de la trata de personas,
el instrumento internacional vinculante de mayor
relieve es el objeto del presente Comentario: los
Principios y Directrices recomendados sobre los
derechos humanos y la trata de personas, de
2002. Como ya se ha señalado, muchos de sus
aspectos se basan en el derecho internacional
contenido en tratados. Pero hay partes de este
documento que van más allá y se basan en
normas jurídicas internacionales para elaborar
orientaciones más concretas y detalladas destinadas
a los Estados en esferas como la legislación,
las respuestas de la justicia penal, la detención
de víctimas y la protección y el apoyo a las víctimas.
Recientemente, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) ha publicado
un conjunto de Directrices sobre la protección de
los derechos de los niños víctimas de trata, que
26 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas