Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
Al evaluar la medida en que un Estado ha cumplido
la norma de diligencia debida, es indispensable
recordar que la trata de personas es un delito
que depende en gran medida de la cooperación
de las víctimas. Si se impide o no se alienta a las
víctimas a que presenten denuncias, ello repercutirá
directamente en la capacidad del sistema
de justicia penal para investigar y enjuiciar los
casos de trata de personas. En este contexto es
importante cerciorarse de la facilidad o la dificultad
que encuentran las víctimas para presentar
denuncias ante la policía. ¿Está previsto que reciban
protección y apoyo, o bien son consideradas
delincuentes y deportadas? ¿Existen incentivos
reales para que las víctimas cooperen (por ejemplo,
la concesión de permisos de residencia a
corto plazo o de períodos de reflexión para que
puedan adoptar una decisión informada en materia
de cooperación)? ¿Hasta qué punto son activos
los organismos encargados de hacer cumplir
la ley en la investigación de los casos de trata de
personas? ¿Se basa la policía simplemente en las
denuncias de las víctimas, o realmente emprende
un proceso de investigación por su cuenta? 463
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Obsérvese que el Convenio Europeo sobre la trata de
seres humanos exige específicamente a los Estados Partes
que comprueben «que las investigaciones o las acciones
judiciales relativas a los delitos tipificados con arreglo al
[…] Convenio no estén subordinadas a la declaración o a
la acusación procedente de una víctima, al menos cuando el
delito haya sido cometido, en su totalidad o en parte, en su
territorio» (art. 27 1)). Véase también Sánchez c. Honduras:
una investigación «[d]ebe tener un sentido y ser asumida
por el Estado como un deber jurídico propio y no como
una simple gestión de intereses particulares, que dependa
de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares
o de la aportación privada de elementos probatorios»
(cursivas añadidas) (párr. 144); Finucane c. Reino Unido las
autoridades deben actuar de oficio en cuanto la cuestión
haya llegado a su conocimiento. No pueden dejar a la
iniciativa de los familiares próximos la presentación de una
denuncia formal ni la asunción de la responsabilidad por
la realización de cualquier acción de investigación (párr.
67). Obsérvese que el Consejo de Derechos Humanos ha
instado recientemente a los Estados a tipificar como delito la
trata de personas «sin que la participación de las víctimas o
la presentación de acusaciones por parte de éstas sea una
condición previa para el enjuiciamiento de los traficantes»
(resolución 11/3, párr. 3 b)).
¿Qué sucede en niveles superiores de la jerarquía
de la justicia penal? Cuando la policía está haciendo
su trabajo e investigando casos de trata de personas,
¿los fiscales o los jueces se toman esos casos
con seriedad? ¿Comprenden debidamente el
delito de la trata de personas, y tienen capacidad
para aplicar el marco jurídico nacional? ¿Existe
una cooperación auténtica y eficaz entre los diversos
organismos de justicia penal a este respecto, o
se ven los enjuiciamientos obstaculizados por otras
prioridades, corrupción o falta de eficacia? ¿Hasta
qué punto el sistema de justicia penal garantiza
juicios libres e imparciales, que incluyan el respeto
de los derechos de los sospechosos?
Por último, ¿es siquiera posible saber lo que está
sucediendo? En muchos países, los datos de la
justicia penal sobre la trata no existen, no están
disponibles o tienen graves carencias en materia
de calidad o de fiabilidad. Los Estados deben
ser capaces de producir los datos necesarios sobre
investigaciones, detenciones, enjuiciamientos
y condenas en los delitos de trata de personas
y otros conexos, lo que confirmará o pondrá en
tela de juicio su cumplimiento de la norma de la
diligencia debida.
En la sección siguiente se examinan varias de
estas cuestiones con mayor detalle.
13.3. Cuestiones relativas a la
investigación, el enjuiciamiento
y la resolución judicial de los
casos de trata de personas
Los Principios y Directrices sobre la trata de
personas establecen varias cuestiones y planteamientos
que guardan pertinencia directa con la
aplicación de la norma de la diligencia debida
en relación con la investigación, el enjuiciamiento
y la solución judicial de los casos de trata
de personas. Éstos se examinan en detalle a
continuación. Otros aspectos decisivos, incluidos
los que tienen pertinencia particular para los
206 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas