Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
investiguen y enjuicien los casos de trata de personas.
Combatir la trata, no obstante, es uno de
los propósitos fundamentales de los tres grandes
tratados especializados en la trata de personas
456 . Además, la investigación y el procesamiento
de los delitos establecidos en el Protocolo
sobre la trata de personas están expresamente
incluidos en el ámbito de su aplicación (art. 4),
mientras que la Convención de la SAARC y el
Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos
incluyen disposiciones detalladas relativas a
los procedimientos penales en la investigación
y el enjuiciamiento de delitos de trata de personas
457 .
13.2. Aplicación de la norma de
diligencia debida
El Principio 13, tomado junto con el Principio 2,
hace responsable a los Estados de investigar, enjuiciar
y resolver judicialmente los casos de trata
de personas con la diligencia debida. En relación
con el Principio 2 se demostró que la norma de
diligencia debida, en lo que se refiere a la investigación
y el enjuiciamiento, está bien establecida
en los casos de violaciones de los derechos humanos.
También confirma que la norma impone a los
Estados el deber positivo de garantizar la eficacia
de su legislación penal mediante una investigación
y un enjuiciamiento efectivos 458 . El deber de
investigar y enjuiciar es aplicable cuando hay
456
Protocolo sobre la trata de personas, art. 2 a);
Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos, art. 1
1) a); Convención de la SAARC, art. II.
457
Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos,
cap. V; Convención de la SAARC, arts. III a VIII.
458
Véanse los casos Velásquez Rodríguez, párrs. 173 a
177; Osman c. Reino Unido, párr. 115; Akkoç c. Turquía,
párr. 77; SERAC y CESR c. Nigeria, párr. 46; Fernandes
c. Brasil, párrs. 56 y 57; M.C. c. Bulgaria, párrs. 150 a
153; Juan Humberto Sánchez c. Honduras, sentencia de
7 de junio de 2003, Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Ser. C) Nº 99 (2003), párr. 110; Finucane c.
Reino Unido (29178/95) [2003] TEDH (1º de julio de
2003), párr. 67.
una acusación de violación por funcionarios del
Estado y cuando el presunto autor es un agente
no estatal 459 . En el último caso, el Estado será responsable,
con arreglo al derecho internacional, si
falta gravemente a su deber de investigar los abusos
privados de derechos (ayudando con ello a
su comisión) y a castigar a los responsables 460 . La
norma de diligencia debida ha sido reconocida
por la comunidad internacional en relación con la
obligación de los Estados de investigar y enjuiciar
los casos de trata de personas 461 .
¿Cómo se mide si un Estado asume con seriedad
su obligación de investigar y enjuiciar los casos
de trata de personas? En general, los peores
casos serán los más fáciles de decidir. Lo más
probable es que un Estado que no penaliza la
trata, que no investiga ningún caso de trata de
personas, que no protege a ninguna víctima ni
enjuicia a ningún autor cuando se dispone de
pruebas fiables de la existencia de un problema
de trata, no pase la prueba de la diligencia
debida. En casos menos evidentes, es necesario
evaluar si las medidas adoptadas demuestran un
compromiso serio por parte del Estado a la hora
de investigar y enjuiciar la trata de personas.
459
Casos Velásquez Rodríguez, párrs. 173 a 177;
Osman c. Reino Unido, párr. 115; Fernandes c. Brasil,
párrs. 56 y 57; M.C. c. Bulgaria, párrs. 150 a 153;
Sánchez c. Honduras, párr. 142; Calvelli y Ciglio c. Italia
(32967/96) [2002] TEDH (17 de enero de 2002), párrs.
48 a 51.
460
Caso Velásquez Rodríguez, párrs. 166 y 173 a 177.
461
Véanse, por ejemplo, las resoluciones 63/156,
preámbulo («los Estados están obligados a actuar con
la debida diligencia para prevenir e investigar la trata
de personas y castigar a los responsables, así como a
rescatar a las víctimas y tomar medidas para protegerlas,
y que con el incumplimiento de esa obligación se viola y
menoscaba o anula el disfrute de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de las víctimas»), y 61/180
de la Asamblea General, preámbulo («los Estados
Miembros tienen la obligación de ejercer la diligencia
debida para prevenir la trata de personas, investigar
ese delito y asegurar que quienes lo cometan no queden
impunes»).
204 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas