Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

con los agentes del orden y proteger su derecho
a permanecer lícitamente en el país de destino
mientras duren las actuaciones judiciales del
caso (cursivas añadidas).
Como se ha señalado, el Protocolo sobre la trata
de personas obliga a los países de destino a
devolver a las víctimas a sus países de origen
«teniendo debidamente en cuenta la seguridad
de esa persona, así como el estado de cualquier
procedimiento legal relacionado con el hecho de
que la persona es una víctima de la trata» (art.
8 2)). Esta disposición debe entenderse teniendo
en cuenta la obligación más amplia de velar por
que las víctimas cuenten con la oportunidad de
participar tal y como establece la Convención
contra la Delincuencia Organizada (art. 25 3)),
así como la obligación específica contenida en
el Protocolo de proporcionar a las víctimas la
oportunidad de presentar sus opiniones y preocupaciones
(art. 6 2)).
El derecho a permanecer en el país durante los
procedimientos judiciales a menudo se vincula a
disposiciones más generales relativas a la concesión
de permisos de residencia para las víctimas
de la trata de personas. En el Convenio Europeo
sobre la trata de seres humanos, por ejemplo,
la necesidad de la estancia «a causa de su cooperación
con las autoridades competentes para
los fines de la investigación o de las acciones
penales» es una de las dos justificaciones que se
ofrecen a los Estados para conceder un permiso
de residencia a las víctimas (art. 14 1)) 362 . Estas
cuestiones se examinan a continuación.
9.5. Permisos de residencia
temporales o permanentes
Como se ha señalado, las víctimas de la trata de
362
La otra justificación que contiene el artículo 14 1) es
que «la autoridad competente considera que su estancia es
necesaria a causa de su situación personal».
personas que se encuentran irregularmente en un
país afrontan peligros y vulnerabilidades especiales
de resultas de su situación irregular o por carecer
de documentos. Tal vez no puedan acceder
a fuentes básicas de subsistencia y apoyo, como
vivienda y oportunidades de trabajo. Pueden ser
vulnerables a nuevas situaciones de explotación,
así como a la intimidación y las represalias.
Están expuestas a que se les impida participar
de manera efectiva y útil en los procedimientos
judiciales contra los tratantes. A menos que se
regularice su situación, las víctimas también están
expuestas a ser detenidas en centros de inmigración
o albergues. Además, están expuestas a ser
deportadas en cualquier momento.
El Protocolo sobre la trata de personas alienta
a los Estados a estudiar la posibilidad de
adoptar medidas legislativas u otras medidas
apropiadas que permitan que las víctimas de la
trata de personas permanezcan en su territorio
de forma temporal o permanente, en los casos
apropiados (art. 7). Las amplias disposiciones
de los Principios y Directrices sobre la trata de
personas que se examinan a lo largo de la presente
sección apoyan de modo inequívoco las
medidas diseñadas para eliminar las vulnerabilidades
que antes se han expuesto mediante la
regularización temporal de la situación de una
víctima. Puede regularizarse la situación de las
víctimas de la trata por varias razones y de distintos
modos, entre ellos:
• Mediante la concesión de un período de
reflexión y recuperación durante el que se
les presta apoyo sin condiciones con el fin
de proporcionarles tiempo y espacio para
tomar una decisión acerca de sus opciones,
incluida la de cooperar con los organismos
de justicia penal en el enjuiciamiento de sus
explotadores;
• Mediante la concesión de un permiso de residencia
temporal vinculado a las actuaciones
(normalmente penales) contra los tratantes;
esos permisos suelen requerir la cooperación
COMENTARIO
167