Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
empresas de transporte, como las líneas aéreas,
son otro grupo importante de personas jurídicas
cuya complicidad y responsabilidad potenciales
se señalan específicamente en el Protocolo sobre
la trata de personas (art. 11 3) y 4)). En la
Directriz 4.2 se pide a los Estados que consideren
la posibilidad de promulgar legislación en que se
establezca la responsabilidad administrativa, civil
y penal de las personas jurídicas, además de las
personas naturales. Este requisito se ve confirmado
por los tratados internacionales 433 .
Penalización de las conductas conexas
El Principio 12 requiere la tipificación como
delitos penales de los actos constitutivos 434 y las
conductas o delitos conexos. Los Principios y
Directrices afirman que las conductas o delitos
conexos incluyen los «propósitos» de la trata
establecidos en la definición que contiene el
Protocolo sobre la trata de personas: «explotación
de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud y la servidumbre» (nota 3) 435 .
(Continuación de la nota 432)
poderes de dirección en su seno (art. 22). El Informe
Explicativo del Convenio señala que puede asignarse
esa responsabilidad si es posible demostrar que no
se adoptaron medidas apropiadas y razonables para
impedir a los empleados o agentes participar en
actividades delictivas en nombre de la entidad (párr. 249).
433
Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 10;
Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos, art. 22.
434
Conforme se usan en los Principios y Directrices sobre
la trata de personas, las expresiones «actos constitutivos»
y «delitos constitutivos» tienen el mismo significado que
«trata de personas» tal y como se define en el artículo
3 del Protocolo sobre la trata de personas (Principios y
Directrices sobre la trata de personas, nota 2).
435
La falta de referencia a la extracción de órganos en
esta lista probablemente no tiene importancia, dado el
carácter abierto de la lista y la referencia concreta al
artículo 3 a) del Protocolo sobre la trata de personas, que
sí contiene esa referencia.
La Directriz 4.1 afirma que «[h]abrá que tipificar
también todas las prácticas comprendidas en la
definición de trata de personas, como la servidumbre
por deudas, los trabajos forzados y la
prostitución forzada». El concepto de delitos conexos
abarcaría la violación, la agresión física
y sexual, la privación ilícita de libertad y otros
actos que son características comunes de las
situaciones de trata de personas.
Con su defensa de la penalización de las conductas
conexas, el Principio 12 y la Directriz
4.1 van más allá de los estrictos requisitos de la
obligación internacionalmente aceptada de tipificar
como delito la trata de personas 436 . Esto se
explica, además de estar conforme con él, por
el explícito enfoque de derechos humanos que
contienen los Principios y Directrices. En esencia,
el Principio 12 pide la penalización de las
violaciones de las normas de derechos humanos
más directamente asociadas a la trata de personas.
La lista definitiva incluiría no solamente
la explotación sexual, los trabajos o servicios
forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud y la servidumbre, sino también la
servidumbre por deudas, las peores formas de
trabajo infantil y el matrimonio forzoso. Una lista
ampliada también podría incluir la violencia contra
la mujer, las violaciones de los derechos de
los trabajadores migrantes y las violaciones de
los derechos económicos, sociales y culturales.
Al menos en relación con el primer grupo, formado
por derechos reconocidos en el derecho consuetudinario
y por consiguiente aplicable a todos
los Estados en todas las situaciones, el hecho de
no tipificar como delito (y, ulteriormente, investigar
436
El requisito de penalizar los delitos afines no está
apoyado ni por el Protocolo sobre la trata de personas ni
por el Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos.
Sus comentarios respectivos son explícitos respecto de que
la obligación de tipificar como delito guarda relación con
los actos constitutivos tomados en conjunto y no con los
elementos individuales (Guía Legislativa para la aplicación
del Protocolo sobre la trata de personas, párr. 33; Informe
Explicativo del Convenio Europeo sobre la trata de seres
humanos, párr. 224).
198 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas