Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.1
se enfrentan las personas con discapacidad pueden
además menoscabar sus posibilidades de recibir la
asistencia que necesitan y a la que tienen derecho.
Hasta hace poco, la legislación internacional en
materia de discapacidad no estaba muy clara.
Mientras que varios de los órganos creados en
virtud de tratados, incluido el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
han publicado declaraciones generales en materia
de discapacidad 105 , sólo uno de los tratados fundamentales
de derechos humanos, la Convención
sobre los Derechos del Niño, contenía disposiciones
concretas relativas a la discapacidad 106 . La consecuencia
es que los derechos pertinentes en general
habían de ser extrapolados de principios más
amplios como la igualdad ante la ley, el derecho a
igual protección de la ley y la no discriminación.
En diciembre de 2006 la Asamblea General adoptó
un tratado exhaustivo sobre los derechos de las
personas con discapacidad 107 . La Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, que
entró en vigor a principios de 2008, se construyó
sobre la base de una sólida trayectoria de actividad
internacional en la esfera de los derechos de las personas
con discapacidad 108 . Se ha identificado como
un «cambio de paradigma», un cambio evidente
desde considerar a las personas con discapacidad
como objetos (de caridad, de tratamiento médico
y de protección social) hasta considerarlas como
sujetos con derechos claramente definidos que por sí
mismos pueden reivindicar esos derechos y adoptar
decisiones que afectan a sus vidas. La Convención
adopta una definición amplia de «discapacidad»
que incluye a las personas «que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras,
105
Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación general Nº 5: personas
con discapacidad. En ella se identifica la obligación de
los Estados Partes de eliminar la discriminación de las
personas con discapacidad en las esferas de la igualdad
de derechos para hombres y mujeres (art. 3), trabajo
(arts. 6 a 8), seguridad social (art. 9), protección de la
familia (art. 10), nivel de vida adecuado (art. 11), derecho
a la salud física y mental (art. 12), derecho a la educación
(arts. 13 y 14) y el derecho a participar en la vida
cultural y disfrutar de los beneficios del progreso científico
(art. 15). Véase también Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, Recomendación general
Nº 18: mujeres discapacitadas, que afirma que estas mujeres
«sufren de una doble discriminación por la situación
particular en que viven» y son un grupo particularmente
vulnerable. Recomienda que los gobiernos ofrezcan información
sobre las mujeres con discapacidad en sus informes
periódicos y sobre las medidas especiales adoptadas
para asegurar que las mujeres con discapacidad «gocen
de igualdad de oportunidades en materia de educación
y de empleo, servicios de salud y seguridad social y [...]
que puedan participar en todos los aspectos de la vida
social y cultural».
106
La Convención sobre los Derechos del Niño considera la
discapacidad uno de los motivos prohibidos de discriminación
(art. 2) y afirma que los niños con discapacidad tienen
derecho a «una vida plena y decente» en condiciones que
aseguren su dignidad y su participación en la comunidad
(art. 23).
107
Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Obsérvese que su Protocolo Facultativo prevé
el derecho de petición individual y colectiva al comité de
aplicación.
108
Véase, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental, resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea
General; Declaración de los Derechos de los Impedidos,
resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General; Declaración
sobre los Derechos de las Personas Sordociegas, en
Conference of Hope: Proceedings of the First Historic Helen
Keller World Conference on Services to Deaf-Blind Youths
and Adults (1979); Programa de Acción Mundial para los
Impedidos, resolución 37/52 de la Asamblea General;
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas iinválidas), 1983 (N° 159), de la OIT, adoptado el
20 de junio de 1983, fecha de entrada en vigor 20 de junio
de 1985; Principios para la protección de los enfermos mentales
y para el mejoramiento de la atención de la salud mental,
resolución 46/119 de la Asamblea General; y Normas
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, resolución 48/96 de la Asamblea
General [en adelante, Normas Uniformes de 1993). Véanse
también los informes del Relator Especial sobre la discapacidad,
cuyo mandato incluye supervisar la aplicación
de las Normas Uniformes de 1993 (E/CN.5/2007/4,
E/CN.5/2006/4, E/CN.5/2005/4, E/CN.5/2002/4
y E/CN.5/2000/3). Véase también, El derecho a la educación
de las personas con discapacidad: Informe del Relator
Especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz
(A/HRC/4/29).
74 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas