Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

En una de sus pocas disposiciones obligatorias
en materia de apoyo a las víctimas, el Protocolo
sobre la trata de personas exige a los Estados
Partes que velen por que sus ordenamientos jurídicos
internos contengan medidas que ofrezcan
a las víctimas de la trata de personas la posibilidad
de obtener indemnización por los daños
sufridos 584 . Esta disposición no llega a constituir
la obligación de proporcionar indemnización o
restitución, pues los Estados sólo han de ofrecer
la posibilidad legal de solicitar indemnización
585 . Según las Guías Legislativas, el requisito
del Protocolo a este respecto quedaría satisfecho
si el Estado estableciese una o más de las tres
opciones siguientes: disposiciones que permitan
a las víctimas demandar a los infractores por
la vía civil; disposiciones que permitan a los
tribunales penales reconocer daños penales (pagaderos
por los delincuentes) o imponer órdenes
de indemnización por restitución a las personas
condenadas por delito de trata, o disposiciones
que establezcan fondos o mecanismos exclusivos
que permitan a las víctimas solicitar indemnización
del Estado por daños o perjuicios 586 .
El Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos
adopta un enfoque mucho más amplio de
la cuestión de la indemnización de las víctimas y
la reparación judicial. En primer lugar, requiere
que las víctimas reciban información apropiada,
inclusive sobre los procedimientos a que pueden
recurrir para obtener indemnización (art. 15
1)), pues las personas no pueden reivindicar
sus derechos si nos los conocen 587 . En segundo
lugar, las víctimas deben recibir acceso a asistencia
letrada (art. 15 2)) 588 . Una vez más, esa
asistencia a menudo será indispensable para
garantizar que el derecho teórico a reparación
puede disfrutarse en la práctica. En tercer lugar,
el Convenio dispone específicamente que las
víctimas tienen derecho a compensación económica
de los traficantes condenados tanto por los
daños materiales como por su sufrimiento (art.
15 3)) 589 . Por último, reconociendo el hecho de
que en la práctica un Estado raras veces será
capaz de obligar a los tratantes a indemnizar
por completo a las víctimas, el Convenio exige
a las Partes que adopten medidas para garantizar
que las víctimas reciban indemnización.
Entre los ejemplos que se dan en el Convenio
figuran el establecimiento de un fondo especial
o iniciativas encaminadas a la asistencia social
o la reintegración de las víctimas (art. 15 4)).
Se señala en particular la posibilidad de que los
mecanismos de indemnización del Estado sean
financiados mediante los productos del delito
decomisados 590 .
584
Protocolo sobre la trata de personas, art. 6 6). Véase
también Convención contra la Delincuencia Organizada,
art. 25 2), y Guías Legislativas de la Convención contra
la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1,
párrs. 368 a 371, en cuanto al texto y comentario de la
disposición equivalente, prácticamente idéntica.
585
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1,
párr. 368. Obsérvese que el órgano establecido para
formular recomendaciones sobre la aplicación efectiva
del Protocolo ha afirmado recientemente que «los Estados
Partes deberían estudiar la posibilidad de establecer
procedimientos apropiados que permitan a las víctimas
obtener indemnización y restitución» (CTOC/COP/
WG.4/2009/2, párr. 14).
586
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1,
párr. 60.
587
Informe Explicativo del Convenio Europeo sobre la trata
de seres humanos, párr. 192. El informe también señala
que la información acerca de la posibilidad de obtener un
permiso de residencia será sumamente importante para las
víctimas que se encuentran ilegalmente en el país, pues a
una víctima le resultaría muy difícil obtener reparación si
no puede permanecer en el país.
588
En cuanto al grado de asistencia requerido y si ello
incluye el derecho a asistencia letrada gratuita, véase
ibíd., párr. 196.
589
Véase también ibíd., párrs. 197 y 198.
590
A este respecto, véase también el examen del uso de
los bienes decomisados para prestar apoyo a las víctimas
de la trata, en el Principio 16 y las directrices conexas.
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