Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
entender de determinado caso 451 . En algunos
casos, lo más eficaz será que un solo Estado enjuicie
a todos los delincuentes, y en otros quizá
sea preferible que un Estado enjuicie a algunos
de los participantes y otro o más Estados a los
demás. Habrá que tener en consideración cuestiones
como la nacionalidad, la localización de
los testigos, el marco jurídico apropiado, la disponibilidad
de recursos y la localización del delincuente
cuando es detenido 452 . La Convención
contra la Delincuencia Organizada dispone que
cuando intervienen varias jurisdicciones, los
Estados Partes deben estudiar la posibilidad de
451
Esas consultas está previstas en el artículo 15 5) de
la Convención contra la Delincuencia Organizada y en
el artículo 31 4) del Convenio Europeo sobre la trata de
seres humanos.
452
Estas cuestiones se examinan con más detalle
en Pauline David, Fiona David y Anne Gallagher,
International Legal Cooperation in Trafficking in Persons
Cases (ASEAN, UNODC, Cooperación regional en
Asia para prevenir la trata de personas, de próxima
publicación) [en adelante, Manual de la ASEAN-UNODC-
ARCPPT].
remitir el caso a la jurisdicción más conveniente,
«cuando se estime que esa remisión obrará en
beneficio de la debida administración de justicia»
y «con miras a concentrar las actuaciones
del proceso» (art. 21) 453 .
Véase además:
• Responsabilidad del Estado y diligencia debida:
parte 2.1, secciones 2.1 a 2.4; parte
2.2, sección 6.3; parte 2.4, sección 13.2
• Extradición y asistencia jurídica mutua: parte
2.4, secciones 14.1 a 14.4
• Demanda de trata de personas: parte 2.2,
secciones 4.1 a 4.4
453
En la sección 2.C.3, las Directrices de la ASEAN
reiteran este requisito, afirmando que «en los casos
transnacionales apropiados en que los tratantes podrían
ser enjuiciados en dos o más Estados, pueden estudiarse
medios alternativos en los niveles internacional, regional
o bilateral para evaluar y coordinar los procedimientos
penales y, cuando proceda, estudiar la posibilidad de
transferir los procedimientos penales al Estado más
apropiado en interés de la debida administración de
justicia».
202 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas