Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
acusada sobre la base de argumentos fiables
de haber cometido delitos graves que pueden
ser enjuiciados en otro Estado, debe ser entregada
a éste para responder por esos presuntos
delitos. Las normas que gobiernan la extradición
también intentan imponer salvaguardias, no
obstante, para garantizar que la persona cuya
extradición se solicita quede protegida de ser
entregada en circunstancias en las que pueda
recibir un trato injusto o ser objeto de represión
en el Estado al que se la extradita 493 . A este respecto,
importa señalar que el proceso de extradición
no es el proceso por el que se determina
la culpabilidad o la inocencia. Son los tribunales
del Estado requirente los que en última instancia
determinarán ese extremo.
Los Principios y Directrices sobre la trata de
personas también se refieren a otras formas
de asistencia entre países en relación con la
investigación y el enjuiciamiento de delito de
trata de personas. Esas formas de asistencia se
dividen en dos tipos: i) asistencia jurídica mutua
y ii) cooperación oficiosa.
La asistencia jurídica mutua es el proceso al que
recurren los países cuando piden oficialmente a
otros países que faciliten información y pruebas
para los fines de una investigación o un enjuiciamiento.
La asistencia jurídica mutua es un instrumento
de cooperación sumamente formal, porque
generalmente se utiliza cuando un país pretende
obtener pruebas que serán admisibles en un juicio
penal. Por este motivo, funciona con arreglo a
normas diferentes y mucho más estrictas que las
que se aplican a la cooperación menos formal
entre organismos o entre entidades policiales.
Entre los tipos más comunes de asistencia jurídica
mutua cabe citar la obtención de pruebas o
493
Knowles c. Gobierno de los Estados Unidos de América
[2006] UKPC 38 (Consejo Privado de la Corona del
Reino Unido), párr. 12, citado en Nicholls, Montgomery y
Knowles, op. cit., pág. 3.
declaraciones de personas, la localización
e identificación de testigos y sospechosos, la
entrega de documentos judiciales, la ejecución
de registros y confiscaciones, la congelación de
bienes, la entrega de originales o copias certificadas
de documentos y registros pertinentes,
la identificación o localización de los beneficios
procedentes del delito, la facilitación de la presentación
voluntaria de personas en el Estado
requirente, la transferencia de causas, investigaciones
o presos, la transferencia de presos para
que presten declaración, y los testimonios registrados
en vídeo.
La cooperación informal es un instrumento diferente
de cooperación penal internacional, menos
limitado por normas, al que puede recurrirse
además del régimen de asistencia mutua formal.
La cooperación oficiosa permite a los organismos
encargados de hacer cumplir la ley y los
organismos de reglamentación (como las autoridades
fiscales y las entidades reguladoras de
empresas y de servicios financieros), compartir
información y datos directamente con sus homólogos
extranjeros sin exigir la presentación de
una solicitud oficial de asistencia mutua. En este
sentido, la cooperación oficiosa complementa
los regímenes de asistencia mutua oficial. Este
instrumento de cooperación internacional puede
utilizarse antes de que una investigación se haga
oficial y de que se inicien los procedimientos judiciales
propiamente dichos, por ejemplo, para
llevar a cabo actividades de vigilancia o tomar
declaración a testigos voluntarios. En circunstancias
en las que no se requieren medidas coercitivas,
suele ser más rápido, más económico y más
sencillo obtener información o datos de manera
oficiosa que por los canales de asistencia mutua
oficial.
El intercambio de información de esta manera
oficiosa puede hacerse en forma de memorandos
de entendimiento entre organismos homólogos,
redes de oficiales de enlace, intercambio
de información con el extranjero de conformidad
216 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas