Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

práctica medidas apropiadas de regulación de
las empresas que se utilizan a menudo como
tapadera para la trata de seres humanos (párr.
284). El Tribunal también examinó las políticas
de inmigración en lo que atañe a la obligación
de protección. De forma significativa, concluyó
que el régimen de Chipre en materia de visados
para artistas extranjeros, en su mayoría mujeres,
los hace particularmente vulnerables a la trata
y la explotación sexual. Habida cuenta de esas
deficiencias, se consideró que el propio régimen
de visados violaba la obligación de proporcionar
protección práctica y efectiva contra la trata y la
explotación (párr. 293).
Los tratados internacionales y regionales sobre
cuestiones afines, como la explotación de los
niños y de los trabajadores migrantes, definen la
obligación de los Estados Partes de sancionar las
violaciones de los derechos protegidos por esos
instrumentos 533 . Respecto de la cuestión particular
de la trata de personas, la Asamblea General 534 y
varios órganos de derechos humanos creados en
virtud de tratados 535 han puesto de relieve la im-
533
Convención sobre los Derechos del Niño, art. 32 c)
(explotación económica de los niños); Protocolo facultativo
relativo a la venta de niños, art. 3 3) (venta de niños,
prostitución infantil y pornografía infantil). La Convención
sobre los trabajadores migratorios exige a los Estados Partes
que impongan «sanciones efectivas a las personas, grupos
o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas
o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus
familiares en situación irregular» (art. 68 1) c)).
534
Resoluciones 61/144 (párr. 3), 59/166 (párr. 4) y
58/137 (párr. 5 a)) (explotación sexual).
535
Los órganos de las Naciones Unidas creados en
virtud de tratados han pedido reiteradamente a los
Estados que sancionen a los que participen en la trata de
personas, por ejemplo: Comité de Derechos Humanos,
observaciones finales: República Checa (CCPR/C/CZE/
CO/2, párr. 12); Eslovenia (CCPR/CO/84/SVN, párr.
11); Tailandia (CCPR/CO/84/THA, párr. 20); Albania
(CCPR/CO/82/ALB, párr. 15); Comité contra la Tortura,
observaciones finales: Italia (CAT/C/ITA/CO/4, párr.
22); Hungría (CAT/C/HUN/CO/4, párr. 21); Tayikistán
(CAT/C/TJK/CO/1, párr. 8); Togo (CAT/C/TGO/
CO/1, párr. 26); Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, observaciones finales:
portancia de castigar a los implicados en la trata
y la explotación de seres humanos. También son
pertinentes las disposiciones en materia de sanciones
de numerosos instrumentos que se ocupan
de la violencia contra la mujer 536 .
15.3. La norma de la pena «efectiva y
proporcionada»
El Principio 15 exige penas «efectivas y
proporcionadas». La Convención contra la
Delincuencia Organizada (y, por extensión, el
Protocolo sobre la trata de personas) exigen penas
que tengan en cuenta la gravedad del delito
y que tengan debidamente en cuenta el factor
disuasorio. La norma del Convenio Europeo sobre
la trata de seres humanos en relación con las
sanciones es que deben ser efectivas, proporcionadas
y disuasorias. Varias fuentes de derecho
Líbano (CEDAW/C/LBN/CO/3, párr. 29).
536
Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, art. 2 b); Protocolo
sobre los derechos de la mujer en África, art. 4 2) e);
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, art. 4 d) (Los Estados deben «establecer, en
la legislación nacional, sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas, para castigar y reparar
los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto
de violencia»); Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, párr. 124 c) (los Estados deben «introducir
sanciones penales, civiles, laborales y administrativas
en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes,
con el fin de castigar y reparar los daños causados a
las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de
violencia») y párr. 130 b) (los Estados deben «fortalecer
la legislación vigente […] con miras a […] castigar a los
autores»); Documento Final Beijing +5, párr. 69 a) (los
Estados deben tipificar como delitos todas las formas
de violencia contra la mujer), párr. 69 b) (los Estados
deben enjuiciar y condenar de forma apropiada a los
autores de actos de violencia contra la mujer) y párr.
97 c) (que propone el fortalecimiento de la legislación
nacional definiendo mejor el delito de la trata en
todos sus elementos y reforzando en consecuencia las
sanciones correspondientes»); Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación
general Nº 19, párr. 24 g), t) i); resolución 52/86 de la
Asamblea General, anexo, párr. 9 a) i).
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