Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.1
han confirmado esta tendencia. En Fernandes c.
Brasil, un caso de violencia contra una mujer por
parte de su marido, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos consideró responsables
a las autoridades brasileñas por no proteger
y responder tal y como exige la Convención
Americana sobre Derechos Humanos 126 . En
relación con las desapariciones de mujeres y
las agresiones contra éstas en Ciudad Juárez
(México), la misma Comisión consideró que
México tenía una obligación de diligencia debida
y ofreció una serie de recomendaciones para
«mejorar la aplicación de debida diligencia en
la investigación, procesamiento y castigo de los
responsables de la violencia contra la mujer [...]
con miras a superar la impunidad», así como
«para mejorar la aplicación de la debida diligen-
(Continuación de la nota 125)
dentro de la familia y la comunidad en general, así como
la violencia «perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera
que ocurra» (art. 2) y exige a los Estados «proceder
con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y [...]
castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate
de actos perpetrados por el Estado o por particulares» (art.
4). En su Recomendación general Nº 19, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer confirma
que la discriminación prohibida en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (que incluye la violencia contra la mujer) «no se limita
a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre»
(párr. 9) y se exige a los Estados que «adopten medidas
apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o
privados de violencia por razones de sexo» (párr. 24 a)).
El Documento Final de Beijing +5 confirma que «se acepta
que los Estados tienen la obligación de actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y castigar actos de
violencia, ya sean perpetrados por el Estado o por personas
privadas, y de prestar protección a las víctimas» (párr. 13).
126
La Comisión señaló que una acción judicial ineficaz, la
impunidad de los autores y la incapacidad de las víctimas
para obtener reparación demostraban que el Brasil carecía
del compromiso necesario para adoptar las medidas adecuadas
en contra de la violencia doméstica. La Comisión
consideró al Brasil responsable de no haber cumplido la
norma contenida en la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, art. 7 b), es decir la norma de diligencia debida:
Maria Gives Penha Maia Fernandes c. Brasil, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, caso 12.051,
Informe Nº 54/01, OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev. en
704 (2000), párrs. 56 y 57.
cia para prevenir la violencia contra la mujer [...]
e incrementar su seguridad» 127 . La situación de
Ciudad Juárez también fue objeto de una investigación
por parte del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer. El informe
de esa investigación afirmó la obligación de diligencia
debida y su particular importancia en relación
con la violencia privada contra la mujer 128 .
En M.C. c. Bulgaria (caso sobre la violación de un
menor), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
afirmó que, de acuerdo con el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación
de aplicar disposiciones de derecho penal
de sancionen de forma efectiva la violación y las
apliquen en la práctica mediante acciones efectivas
de investigación y procesamiento 129 .
La norma de la diligencia debida ha sido adoptada
por la Relatora Especial sobre la violencia contra
la mujer 130 ; es repetidamente invocada por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer 131 , y ha sido ordinariamente reco-
127
Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez,
México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44 (2003).
128
Informe de México producido por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el
Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta
del Gobierno de México (CEDAW/C/2005/OP.8/
MEX, en especial, párrs. 273 a 277).
129
M.C. c. Bulgaria (39272/98) [2003] TEDH 651 (4 de
diciembre de 2003), párr. 153.
130
Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión
de sus causas y consecuencias, sobre la trata de mujeres,
la migración de mujeres y la violencia contra la mujer
(E/CN.4/2000/68, párrs. 51 a 53).
131
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, Recomendación general Nº 19, párr. 9 (En virtud del
derecho internacional y de pactos específicos de derechos
humanos, los Estados también pueden ser responsables de
actos privados si no adoptan medidas con la diligencia
debida para impedir la violación de los derechos o para
investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a
las víctimas»). Véanse también las decisiones del Comité
82 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas