Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

tad de una persona objeto de trata a cooperar en
los procedimientos legales contra sus explotadores
se refleja una y otra vez a lo largo de los Principios
y Directrices sobre la trata de personas. En relación
con el alojamiento de las víctimas, por ejemplo, la
Directriz 6.1 afirma que ese alojamiento «no debe
estar subordinado a que las víctimas estén dispuestas
a rendir testimonio en un proceso penal».
El Protocolo sobre la trata de personas no hace
alusión específica alguna a esta cuestión. Las
Guías Legislativas para la aplicación del Protocolo,
en cambio, afirman que el apoyo y la protección
no se condicionarán a la capacidad o la voluntad
de la víctima de cooperar en procedimientos
penales (párr. 62). En la nota 23, la Guía cita los
Principios y Directrices sobre la trata de personas
para apoyar esa afirmación. Más recientemente, el
órgano establecido para formular recomendaciones
acerca de la aplicación efectiva del Protocolo
ha afirmado también que los Estados Partes deben
garantizar que las víctimas reciban apoyo y protección
inmediatos, con independencia de su participación
en el proceso de justicia penal 304 .
El Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos
es más explícito en cuanto a la necesidad
de separar la protección del apoyo de la cooperación
en los procesos legales. Los Estados Partes
en el Convenio:
adoptarán las medidas legislativas o de otro
tipo necesarias para garantizar que la asistencia
a una víctima no quede subordinada a su
voluntad de actuar como testigo (art. 12 6)).
El Informe Explicativo del Convenio confirma que
los redactores pretendieron que esta disposición
se refiriese tanto a las investigaciones como a los
procesos penales (párr. 168). Sin embargo, el
Informe también destaca el hecho de que en la
legislación de muchos países es obligatorio dar
pruebas si éstas se exigen. En esas circunstancias,
304
A/63/215, anexo I, párr. 12.
no sería posible apoyarse en la disposición citada,
o en las disposiciones que ordenen un «período
de reflexión y recuperación» (véase la sección
8.6 infra) si la víctima se niega a actuar como
testigo cuando esté legalmente obligada a hacerlo
(párrs. 170 y 176).
Mientras que la práctica de los Estados aún
lleva cierto retraso, la posición adoptada por el
Convenio Europeo sobre la trata de personas es
una prueba incipiente de la tendencia hacia el
reconocimiento de la necesidad de desvincular la
protección y el apoyo a las víctimas de la cooperación
de éstas, en particular durante el período
que sigue inmediatamente a la identificación, es
decir, cuando previsiblemente las víctimas son
más vulnerables. Varios órganos de derechos
humanos creados en virtud de tratados, incluido
el Comité contra la Tortura, han señalado la
importancia de prestar asistencia exclusivamente
sobre la base de la necesidad 305 ; otros también
han expresado su preocupación ante el hecho
de que se subordine la concesión de permisos de
residencia a la cooperación de las víctimas 306 .
305
Por ejemplo, en sus observaciones finales de 2008 sobre
el informe de Australia, el Comité contra la Tortura pidió que
el Estado Parte «adoptase medidas efectivas para prevenir
y sancionar la trata de personas y prestara servicios de
recuperación a las víctimas con arreglo a la necesidad, con
independencia de que colaboren con los investigadores»
(cursivas añadidas) (CAT/C/AUS/CO/1, párr. 32). El
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, en sus observaciones finales sobre el informe
de los Países Bajos, pidió al Estado Parte «que disponga
la prórroga de visados de protección temporales y
proporcione servicios de reintegración y apoyo para todas
las víctimas de la trata, incluso las que no pueden o no
quieren cooperar en la investigación y el procesamiento de
los traficantes» (CEDAW/C/NLD/CO/4, párr. 24).
306
Comité de Derechos Humanos, observaciones finales:
Bélgica (CCPR/CO/81/BEL, párr. 15); Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
observaciones finales: Francia (CEDAW/C/FRA/CO/6,
párrs. 30 y 31); Australia (CEDAW/C/AUL/CO/5,
párr. 21). Véase también A/63/215: «Las medidas de
protección y apoyo a las víctimas, comprendida la concesión
de permisos de residencia o de estancia, no deberían estar
supeditadas a condiciones ni depender de la capacidad o la
voluntad de la víctima para colaborar en la investigación
o en el procesamiento de los tratantes» (párr. 62).
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