Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
procesos judiciales relativos a la trata de personas
y delitos conexos, especialmente mediante
metodologías comunes de procesamiento e
investigaciones conjuntas. La cooperación deberían
incluir la asistencia a los efectos de identificar
y entrevistar testigos teniendo debidamente
en cuenta su seguridad, encontrar, obtener o
preservar pruebas y preparar y notificar los
documentos judiciales necesarios para obtener
pruebas y la comparecencia de testigos, así
como asistencia para hacer cumplir los fallos.
La legislación internacional contenida en tratados
confirma la importancia de la asistencia jurídica
mutua en los casos de trata de personas y otros
conexos. La Convención contra la Delincuencia
Organizada, como instrumento originario del
Protocolo sobre la trata de personas, obliga a los
Estados Partes a prestarse entre sí la mayor medida
posible de esa asistencia en las investigaciones,
el enjuiciamiento y los procedimientos judiciales en
relación con los delitos previstos en ese instrumento,
incluida la trata de personas. También establece
un marco jurídico y de procedimiento detallado
para la asistencia jurídica mutua entre los Estados
Partes (art. 18). En su artículo VI, la Convención de
la SAARC contiene una obligación de asistencia jurídica
mutua respecto de los delitos establecidos en
ese tratado 519 , al igual que el Protocolo facultativo
relativo a la venta de niños (arts. 6 y 10). La importancia
de la asistencia jurídica mutua en los casos
de trata de personas se reitera en los documentos
normativos internacionales y regionales 520 .
519
Obsérvese que los redactores del Convenio Europeo
sobre la trata de seres humanos decidieron no crear un
régimen separado de asistencia jurídica mutua para no
duplicar innecesariamente o competir con las amplias
normas ya existentes (Informe Explicativo del Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos, párr. 337).
520
La Asamblea General, en su resolución 61/180, pidió
a los Estados que estudiasen la posibilidad de establecer
mecanismos de coordinación y cooperación en los planos
nacional e internacional en materia de asistencia jurídica
mutua, entre otras (véase el párr. 7). Véase también
Declaración de Bruselas, párr. 16; Recomendaciones de la
OEA sobre la trata de personas, secc. III 6).
Las garantías en materia de derechos humanos
se aplican en igual medida a la asistencia jurídica
mutua que a la extradición. Los Estados deben
garantizar que ninguna de las condiciones de
una solicitud de asistencia jurídica mutua entrañe
una vulneración real o potencial de los derechos
humanos, en relación tanto con el sujeto de la
solicitud como de cualquier otra persona. Los
principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad
que se estudian en otros lugares del presente
Comentario son pertinentes a este respecto.
Particularmente en relación con las medidas
coercitivas, es importante velar por que las medidas
sean razonables y necesarias teniendo en
cuenta las pruebas que se buscan y la gravedad
del delito que se investiga. Puede rechazarse
la cooperación cuando los Estados solicitantes
no respeten los derechos fundamentales y las
garantías procesales establecidas en los principales
instrumentos de derechos humanos, como
la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
14.5. Medidas de cooperación
oficiosas
Como ya se ha mencionado, la cooperación oficiosa
es un instrumento de cooperación internacional
en materia de delitos independiente y menos restringida
por normas, a la que se puede recurrir fuera
de los sistemas formales de asistencia mutua y que
en general sirve como complemento a éstos. En
circunstancias en las que no se necesitan medidas
coercitivas, suele ser más rápido, económico y sencillo
obtener información o datos por esta vía que
por los canales oficiales de asistencia mutua. En el
contexto de la trata de personas, las medidas de
cooperación oficiosa podrían incluir las siguientes:
• La identificación y localización de
sospechosos, víctimas y testigos;
• La toma de declaraciones voluntarias
de testigos o víctimas;
222 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas