Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

El Estado está [en virtud del artículo 1 de la
Convención] en el deber jurídico de prevenir,
razonablemente, las violaciones de los derechos
humanos, de investigar seriamente con
los medios a su alcance las violaciones que se
hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción
a fin de identificar a los responsables,
de imponerles las sanciones pertinentes y de
asegurar a la víctima una adecuada reparación
(párr. 174).
La sentencia del caso Velásquez Rodríguez no menoscaba
la norma general que rige la no atribución
de comportamientos privados. La Corte afirmó
explícitamente que el Estado es responsable
de las violaciones de derechos humanos que en
última instancia puedan atribuirse a una acción o
una omisión por una autoridad pública con arreglo
a las normas del derecho internacional (párr.
164). En los casos en que la responsabilidad
por el acto inicial no recae en el Estado, también
puede acarrear responsabilidad internacional de
éste, por falta de la debida diligencia para prevenir,
responder o reparar los abusos cometidos
por personas o entidades privadas (párr. 172).
El que esa imputación sea posible o no depende
de las normas primarias pertinentes y los hechos
del caso. Dicho de otro modo, debe existir una
obligación, dentro de la norma primaria, de que
el Estado prevenga, responda o repare los abusos,
y los hechos deben poder demostrar que el
Estado no ha cumplido esa obligación.
Desde esta sentencia cada vez han ido surgiendo
más pruebas de que la diligencia debida
se está convirtiendo en la referencia aceptada
respecto de la cual han de interpretarse las obligaciones
de derechos humanos. En Osman c.
Reino Unido 122 , el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos afirmó que el Estado podía incurrir en
responsabilidad en caso de que sus fuerzas policiales
no dieran respuesta a un caso de acoso
122
Osman c. Reino Unido (23452/84) [1998] TEDH 101
(28 de octubre de 1998).
que acabó llevando a la muerte de la víctima (si
bien en este caso el Reino Unido no fue considerado
responsable). En el caso Akkoç c. Turquía,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en
el contexto del derecho a la vida, explicó que
el deber primordial del Estado es garantizar
el derecho a la vida adoptando disposiciones
efectivas de derecho penal para disuadir de
la comisión de violaciones de ese derecho, así
como la maquinaria de aplicación de la ley necesaria
para la prevención, represión y sanción
de las violaciones 123 . El Tribunal afirmó también
(citando Osman c. Reino Unido) que ese deber,
en las circunstancias apropiadas, puede ser
una obligación positiva para las autoridades, la
de adoptar medidas operacionales preventivas
para proteger a una persona cuya vida está
en peligro debido a los actos delictivos de otra
persona. La Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos ha explicado, de
forma análoga, que el Estado está obligado
a proteger a los titulares de derechos frente a
terceros por medio de legislación y de medidas
de reparación efectiva; la protección en general
entraña la creación y el mantenimiento de un
entorno o un marco mediante una interacción
efectiva entre leyes y reglamentos de modo que
las personas puedan gozar libremente de sus
derechos y libertades 124 .
Ya se ha señalado la relación entre la trata de
personas y la violencia contra la mujer, y en este
contexto es precisamente en el que la norma de
diligencia debida ha sido repetidamente afirmada
por la comunidad internacional como medida
apropiada de la obligación del Estado en relación
con el comportamiento de entidades privadas
125 . Las decisiones de los tribunales regionales
123
Akkoç c. Turquía (22947/93; 22948/93) [2000] TEDH
458 (10 de octubre de 2000), párr. 77.
124
SERAC and CESR c. Nigeria, párr. 46.
125
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer afirma que la violencia contra la mujer incluye
todas las formas de esa violencia que tengan lugar
(Continúa en la página siguiente)
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